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 Euromundo Global MADRID EDICIÓN DIGITAL 2 de mayo de 2025
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La modificación de la tarjeta de familiar comunitario a la situación de residencia y trabajo por cuenta ajena de los miembros de la familia por divorcio, nulidad del matrimonio o cancelación de la inscripción como pareja es una autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena que podrá obtener el ciudadano extranjero que haya cesado como titular de una tarjeta de residencia de familiar comunitario por uno de los tres motivos citados.
En ocasiones, los ciudadanos extranjeros obtienen la autorización para residir, y también trabajar, en base a la reagrupación familiar de sus cónyuges, parejas registradas, padres.
Los sefardíes o sefarditas y también sefaraditas (del hebreo ספרדים), «españoles», son los descendientes de los judíos hispano-portugueses que vivieron en la península ibérica (actuales España y Portugal) hasta 1492 y que están ligados al origen étnico hispano y a la cultura hispánica.
El mes pasado se publicó en el Boletín Oficial del Estado un Acuerdo con una encomienda de gestión entre el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores de la propiedad para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia. Este acuerdo, ha costado aproximadamente cuatro millones de euros, aunque el Ministerio de Justicia lo anunciaba por la mitad del presupuesto.
Los Consulados de España en los países de origen de las personas que quieren viajar son los encargados de tramitar el visado de estancia por turismo.
El 27 de febrero se aprobó un Real Decreto por el que se modifica la Ley de Tasas en el ámbito de la Justicia y se reducen cargas financieras y otras medidas de orden social, entre ellas la Exención de las Tasas, o dicho de otro modo, cuándo no hay que pagar a partir de esta modificación.
¿Para qué sirve una residencia no lucrativa y en qué consiste?
Esta residencia autoriza a vivir pero no a trabajar y la deben solicitar los extranjeros desde su país de origen, en la oficina consular española donde resida el ciudadano.
La situación en España sigue siendo de una profunda crisis, a pesar de las estadísticas y las políticas.
Las empresas siguen pasando por graves dificultades y los trabajadores son despedidos o no encuentran trabajo. Más del 28% de la población vive en riesgo de exclusión social.
Para cualquier trámite administrativo o judicial que se realice en España y que cuente con elemento extranjero, los documentos de fuera de nuestras fronteras necesitan pasar un proceso de legalización.
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