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BOLIVIA

Linchamientos en Bolivia: ¿Volver a los tiempos de la justicia comunitaria?

En Achacachi, (La Paz), los pobladores capturaron a 11 presuntos ladrones. Dos fallecieron tras las torturas. Los otros nueve fueron rescatados por la policía con graves quemaduras
En Achacachi, (La Paz), los pobladores capturaron a 11 presuntos ladrones. Dos fallecieron tras las torturas. Los otros nueve fueron rescatados por la policía con graves quemaduras
miércoles 22 de octubre de 2014, 11:21h
Aunque parezca increíble, -en este siglo XXI donde los avances tecnológicos invaden prácticamente todos los ámbitos-, todavía suceden hechos de una barbarie inconcebible en algunos países de Hispanoamérica. La prensa trae casi a diario los atroces crímenes que comenten las bandas rivales que luchan por el control de los territorios de la droga en México. Las salvajes prácticas de los “maras” centroamericanos, también ocupan con relativa frecuencia los titulares de la prensa y los cientos de mujeres asesinadas desde hace años en regiones fronterizas de México y Estados Unidos sacuden nuestra sensibilidad.
Por increíble que parezca, decenas de personas mueren linchadas cada año en Bolivia. Presuntos ladrones son quemados, golpeados, colgados o ahogados por turbas enardecidas en poblaciones rurales de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.

Hace menos de 15 días se registraron tres intentos de linchamiento en Cochabamba, donde unas 10 personas estuvieron a punto de perder la vida. En uno de esos casos, los golpeados eran seis jóvenes de entre 14 y 17 años, a quienes luego los pobladores reconocieron haber confundido con presuntos ladrones.

Por lo general, los pobladores que ejecutan a presuntos ladrones, argumentan que "están aplicando la justicia comunitaria ante la inoperancia de los operadores de justicia", afirma el coronel Remy Ampuero, subdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Cochabamba, donde tienen lugar el 45% de los linchamientos, según un estudio del Defensor del Pueblo.

Sin embargo, el jefe policial no cree que ese argumento sea válido.

Tanto el gobierno como los especialistas en la materia aseguran que el linchamiento es un delito y que no está relacionado con la justicia originaria ahora reconocida en la Constitución Política del Estado ya que el linchamiento es un acto de masas donde la turba enardecida sorprende a una persona que puede o no ser culpable y sin ningún tipo de investigación de los hechos, resuelven ahorcarla, golpearla y terminan matándola aunque en esta situación es más propio afirmar que terminan asesinándola. Esto, afirman los especialistas, “nada tiene que ver con la realidad de la justicia comunitaria”

Muñecos “Espantaladrones”

En los barrios alejados de La Paz, comunidades de vecinos han ideado (según ellos) una eficaz forma de disuadir a los ladrones en embrión. Cuelgan de los balcones, a modo de espantapájaros, unos muñecos a tamaño real con carteles alusivos a los riesgos a que se expone un delincuente en caso de ser sorprendido por un grupo de vecinos. Los carteles son de una claridad que no deja lugar a dudas: "Me colgaron por ladrón" o "ladrón pillado será colgado".

Estos “espantaladrones” son a juicio de un vecino en una barriada popular de La Paz, una clara advertencia de que los vecinos (los afectados por la ola de robos del sector) están firmemente decididos a hacerse justicia por ellos mismos sin esperar dicen, “ la acción de la policía que resulta siempre lenta e ineficaz”

Este triste fenómeno –por desgracia-, no es nuevo

No existen estudios que señalen de manera clara cuantos casos de linchamiento se han producido en Bolivia, pero algunas aproximaciones hablan de la gravedad de esta problemática.

Por ejemplo, el Defensor del Pueblo encontró 57 linchamientos registrados en periódicos durante 2007 y, sólo en dos meses de 2008 halló que habían muerto 11 personas linchadas.

Un oficial de policía dice que sólo en el último mes de este año en Cochabamba hubo ocho intentos de linchamiento y que el año pasado, también en Cochabamba, más de 12 personas murieron ejecutadas por turbas. Entre todos estos casos, sin duda, hay tres que estremecieron a los bolivianos.

Uno de ellos ocurrió en Achacachi, una población rural de La Paz, donde los pobladores capturaron a 11 presuntos ladrones, de los cuales dos fallecieron tras las torturas.

Otras nueve personas se salvaron, pero quedaron con graves heridas y quemaduras, pues la ejecución estaba en curso y se hacía con fogatas. En este caso, las autoridades nunca pudieron investigar porque los pobladores hicieron un voto de silencio.

Otro de los casos ocurrió en la población de Capinota, en Cochabamba, donde tres policías fueron asesinados por pobladores enardecidos.

Durante la investigación, los habitantes de la comunidad acusaron a los policías de haber extorsionado a los pobladores. Sin embargo, el coronel Ampuero recuerda que en ese caso había algunos componentes que tenían que ver con el narcotráfico. Otro de los hechos se registró en Matarani, también en Cochabamba, donde tres personas fueron asesinadas con picotas. Los acusados presuntamente habían robado unos utensilios domésticos sin mucho valor económico.

¿Por qué la población se toma la justicia por su mano?

El ex Defensor del Pueblo cree que la extendida percepción que tiene la población sobre la ineficacia de la justicia ordinaria y de la policía, (… “cuando una persona es detenida por alguna circunstancia, más tarda en entrar que en salir de la reja”…), puede ser el detonante de esta bárbara y preocupante práctica que de no ser contenida, podría extenderse con imprevisibles consecuencias.

El Defensor afirma que si bien la creencia popular acerca de la inoperatividad de la justicia y policía podría tener una base más que sustentable, eso no justifica en modo alguno, el que una poblada se tome la justicia por su mano asesinando a un delincuente que, en cualquier circunstancia delictual, tiene derecho a un juicio y defensa adecuados.

Por otra parte, continúa el ex defensor, se ha entronizado en las masas populares, la idea de que la justicia sólo funciona par quienes tienen dinero (y que pueden pagar seguridad privada para proteger sus propiedades) y que la masa popular está fuera de este contexto. La inoperancia de la policía (según los pobladores) les insta a no entregar a los ladrones o delibncuentes a la policía y a “ajusticiarlos” por ellos mismos.

El coronel Ampuero por su parte, considera que las turbas que linchan personas saben que no están aplicando justicia comunitaria sino que están cometiendo asesinato, pero que lo hacen "por una especie de resentimiento por la postergación del campo".

Su conclusión es que buscan "mostrar su fortaleza con la ejecución de estos hechos"

Algunos de los casos más dramáticos
La muerte del estudiante Henry Ariel Reyes -asesinado en abril de 2001- en un linchamiento es quizás uno de los casos más dramáticos y dolorosos. Henry Ariel Reyes, un joven de 19 años, fue golpeado, quemado y asesinado por un grupo de exaltados vecinos de Villa Primero de Mayo.

Este hecho ocurrió el 9 de abril de 2001, en el sector sur de la ciudad de Cochabamba y es uno más de una larga lista de 67 casos que se produjeron entre marzo de 1995 y mayo de 2003. De estos 67 casos, 12 linchamientos se consumaron. Las estadísticas de la organización Acción Andina son contundentes porque establecen que un gran porcentaje de hechos sucedió a partir del año 2000.

Otro de los linchamientos que impactó profundamente a la sociedad fue el caso de Marcos Revollo, de 15 años, en Villa Candelaria en junio de 2000.

Este adolescente fue trasladado a un hospital de Estados Unidos, para tratar sus graves quemaduras, pero no resistió a las intervenciones y murió. Se le acusó de acuchillar a otro joven por robarle su bicicleta, pero la Policía nunca pudo comprobar este delito.

Otro caso que también conmovió a la población fue el linchamiento de Marco Antonio Camacho, de 15 años, quien fue torturado, casi descuartizado y ahorcado por los vecinos de Pucara Huasi en junio de 2001.

Este adolescente salió a trotar el día fatídico acompañado de sus perros, y al pasar por una casa sus mascotas hicieron espantar a algunas vacas. El propietario que llegaba a su domicilio confundió al adolescente con un ladrón de ganado y llamó la atención de los vecinos de la zona quienes sin atender a explicaciones de ningún tipo procedieron a asesinarlo bárbaramente. Posteriormente se comprobó que era inocente.

El 2002 se produjo el linchamiento de un estudiante de Odontología en la población de Carcaje. Aparentemente fue sorprendido por comuneros de la zona intentado robar en un domicilio.

La historia se repite desde 1995

Los intentos de linchamiento, que se iniciaron en el año 1995, se dieron con mayor frecuencia el 2000 y 2001.Y precisamente un libro publicado por Acción Andina, una Organización No Gubernamental, detalla la historia de un linchamiento, que es un referente importante de lo que sucede en casi todos estos casos.

En muchos de los linchamientos se pudo confirmar que las personas a quienes se acusaba de la comisión de algún delito en realidad eran inocentes. Sin embargo, nunca se pudo condenar a las personas que participaron de un linchamiento.

El libro “Huellas de fuego: Crónica de un linchamiento”, es una publicación de Acción Andina y que narra el caso de un muchacho de 18 años que fue quemado en marzo de 1995 en un barrio de Cochabamba, sobre quien no se encontraron posteriormente evidencias de que fuera el autor del delito que se le imputaba. A partir de este caso, la autora Gloria Achá, señala que los linchamientos son manifestaciones de impotencia, a las que llega un grupo social cuando se halla frente a una situación que considera, no puede ser resuelta de otra manera. En ese sentido, algunos sectores de la población asumen los linchamientos como una forma de enfrentar la situación de inseguridad.

Desconfianza
La autora del libro, Gloria Achá, señala que una causa para el incremento de los linchamientos es que en la actualidad la gente no cree en las instituciones del Estado.

Si la población confiara, por ejemplo, en la Policía o en otros mecanismos estatales de protección y resolución de conflictos, posiblemente se reduciría el número de linchamientos.

Se señala que la capacidad de la Policía ha sido rebasada y que por eso no se puede enfrentar con efectividad a la delincuencia marginal. Esta falta de capacidad obedece a los diversos aspectos que se han mencionado públicamente en reiteradas veces. Por ejemplo, la falta de recursos económicos, de una adecuada formación, la corrupción, la injerencia política y otros.
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