La justicia chilena cierra el caso emblemático de la dictadura de Pinochet

La Corte Suprema, en un fallo definitivo, rebajó las penas a los jerarcas de la DINA, la policía secreta del régimen (1973-1990), por el asesinato de Prats y su esposa, Sofía Cuthber, ocurrido en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974.

El fallo, sin embargo, sienta jurisprudencia al establecer por primera vez que la DINA se constituyó como una asociación ilícita.

El asesinato de Prats, que fue ex comandante en jefe del Ejército durante el Gobierno de Salvador Allende (1970-1973) y antecesor en ese cargo de Augusto Pinochet, fue el primero de varios atentados cometidos en el exterior por agentes de la DINA.

Tras conocer la sentencia, la familia de las víctimas se mostró conforme con las penas, mientras el Ejército repudió a los siete militares que fueron condenados por el asesinato de Prats, que se opuso al golpe que encabezó Pinochet en 1973.

El fallo condenó a 17 años por homicidio calificado, más otros tres años y un día por asociación ilícita, a los dos máximos responsables del órgano represor, el general retirado Manuel Contreras y el ex brigadier Pedro Espinoza.

Ambos habían sido condenados, en un fallo de primera instancia que después fue ratificado por la Corte de Apelaciones de Santiago, a dos cadenas perpetuas, por los homicidios más otros 20 años por asociación ilícita.

"Estamos conformes con haber logrado que sean condenados y que se establezca la asociación ilícita y la responsabilidad en los crímenes", manifestó Sofía Prats, una de las hijas del matrimonio, quien no se quiso referir por el momento a la rebaja de penas.
"Después de todos estos años sentimos que se ha cumplido con que ellos tengan sus penas como corresponde y las cumplan bajo lo que la Corte Suprema determinó, eso nos importa, que sean sindicados como culpables", añadió su hermana Cecilia.

El Ejército emitió una declaración en la que "repudia a todos los partícipes en este cobarde asesinato, especialmente a los militares que lo consumaron, más aún cuando su acto criminal tuvo como víctima a un ex comandante en jefe y también a su esposa".

El Gobierno, a través del ministro de Justicia, Felipe Bulnes, manifestó a las hijas del matrimonio su solidaridad, "no sólo por lo que vivieron, sino porque estuvieron buscando justicia por más de 30 años y hoy finalmente se establece".

También la senadora Isabel Allende, hija del fallecido presidente chileno, se refirió al "histórico" fallo y estimó que "además de ser un crimen alevoso, lo más dramático es que fue cometido por sus propios pares".

Junto a Contreras y Espinoza fueron condenados otros cuatro oficiales: el general retirado Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, el ex brigadier José Zara y los coroneles Cristoph Willeke y Juan Morales Salgado, todos ellos a quince años y un día de prisión en calidad de autores, además de cien días por asociación ilícita.

Los seis se encuentran ya en prisión por otras condenas vinculadas a la violación de derechos humanos durante la dictadura.

En tanto, la escritora Mariana Callejas, que según el expediente fue quien activó el control remoto que hizo explotar la bomba instalada en el automóvil de Prats, deberá cumplir cinco años de prisión con beneficios, es decir, en libertad vigilada.

Callejas se hizo conocida por celebrar en su casa tertulias literarias a las que asistían conocidos escritores, mientras en el sótano su entonces marido, el agente estadounidense de la DINA Michael Townley fabricaba bombas o gas sarín y torturaba prisioneros.

Por su parte, el civil Jorge Iturriaga Neumann, hermano de Raúl, y el ex suboficial Reginaldo Valdés Alarcón deberán cumplir en libertad vigilada una condena de cinco años de prisión y penas de 541 días de presidio menor, respectivamente, como cómplices.

El general Carlos Prats fue el segundo jefe del Ejército asesinado en la década de los setenta. Su antecesor en el cargo, René Schneider, murió a manos de un grupo de extrema derecha en octubre de 1970, pocos días antes de la toma de posesión de Salvador Allende como presidente de Chile.

Según unos archivos secretos desclasificados hace un par de semanas en Estados Unidos, aquel crimen fue planificado por la CIA en el marco de un plan para impedir la llegada de Allende al gobierno.

Tras la muerte de Prats, la DINA atentó en 1975 en Roma contra el dirigente democristiano y ex vicepresidente de la república Bernardo Leighton y su esposa, quienes quedaron con graves secuelas físicas, y un año después asesinó en Washington al ex canciller Orlando Letelier y a su asistente estadounidense Ronny Moffitt.