Los millones de Pujol en Andorra ‘desempolvan’ la larga historia de corrupción de CiU

Banca Catalana
Carlos Jiménez Villarejo, que fuera fiscal Anticorrupción en Cataluña y solicitara procesar a los consejeros de Banca Catalana, entre ellos Jordi Pujol como consejero ejecutivo, tres décadas atrás, destapó en un artículo publicado en ELPLURAL.COM en 2012 cómo aquella entidad de crédito quebró por la gestión irregular de quienes la dirigían.

Apropiación indebida, falsedad de documentos
La Fiscalía Anticorrupción presentaron una querella criminal en mayo de 1984, en la que estimaron que la administración de Banca Catalana había cometido varios presuntos delitos, como “los de apropiación indebida, maquinaciones para alterar el precio de las cosas y falsedad de documentos oficiales y mercantiles”.

Caja B
Hubo de todo, según la denuncia de los fiscales: una Caja B, sociedades instrumentales, créditos ficticios cuyo importe fue desviado hacía la Caja B y “otras prácticas irregulares que, en su conjunto, contribuyeron a su vaciamiento patrimonial” de la entidad que tuvo que ser rescatada por el Estado, es decir, con fondos públicos.

Los manejos de Pujol para salir ‘ileso’
Pujol salió ‘ileso’, según contó Salvador Sostres, en un artículo publicado en El Mundo, gracias a que “compró voluntades”, o dicho de una manera más clara: envió a su abogado para hacer “una oferta que no pudieron rechazar” los jueces que debían decidir si le juzgaban.

El caso Caric
En 1990, la Fiscalía volvió a ir sobre los pasos de CiU y abrió una investigación sobre la Comisión de ayuda para la reconversión industrial de Catalunya (Caric) impulsada por la Generalitat con la que supuestamente se pretendía ayudar a empresas en crisis y cuyos fondos fueron desviados para favorecer con condiciones ventajosas a sociedades vinculadas a consejeros o altos cargos del Gobierno Pujol. Cuando la Justicia reclamó las deudas, el presunto delito ya había prescrito.

Adigsa, caso Turisme
Luego llegaron otros casos de corrupción, algunos terminaron con condenas judiciales y afectaron a Unió Democrática, como el caso Adigsa, empresa pública dedicada a la promoción de viviendas sociales, en el que se detectaron graves irregularidades, o el caso Turisme de Catalunya, en el que se utilizó el Consorci de Promoció Turística para desviar fondos públicos.

Caso Departament de Treball
El caso Departament de Treball también golpeó a Unió Democrática de Catalunya. Los implicados contrataron subvenciones y cursos de formación y ocupación través de las sociedades, constituidas por uno de ellos para hacerse con fondos públicos, en total “46.157 euros”. Menos que lo desviado en el caso Ferrocarrils de la Generalitat, otra empresa pública, en el que dos presidentes de la entidad resultaron condenados por haber “suscrito un plan oculto y complementario de retribuciones” con la aseguradora Winterthur, llevándose a su favor 2.718.035 euros.

Caso Pretoria y Prefaneta, el protector de Mas
Luego vinieron el caso Pretoria, abierto por Baltasar Garzón en 2009, por supuestos delitos de soborno, corrupción urbanística y blanqueamiento de dinero, que afectó al ex consejero de Finanzas de la Generalidad de Cataluña Macià Alavedra (CiU) y al exsecretario general de la Presidencia Lluís Prenafeta (CiU), uno de los ‘hombres fuertes’ de Pujol y protector de Artur Mas. El actual presidente de la Generalitat, por cierto, fue conseller de Hacienda desde 1997 a 2001, nombrado por Pujol. Y no está libre de pecado, claro que presunto, ya que  lo fue incluso en los años en que su padre tenía dinero oculto en Liechtenstein; una cuenta de la que fue después beneficiario el propio Mas.

Palau y las comisiones a Convergència
Sil olvidar el saqueo del Palau de la Música, realizado por Fèlix Millet i Tusell, presidente del patronato de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música con la ayuda de algunos de sus colaboradores, entre ellos Jordi Montull, durante una década. El caso salpicó a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que habría sido beneficiada de comisiones de empresas adjudicatarias de la Generalitat, a cambio de contratos públicos.

FUENTE: ELPLURAL.COM | 26/07/2014