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La nueva Ley transforma en delincuentes a los inmigrantes ilegales

Jan Brewer, gobernadora del estado de Arizona
Jan Brewer, gobernadora del estado de Arizona

Fuerte polémica por la nueva ley de inmigración de Arizona

Se estima que en Estados Unidos hay unos 10,8 millones de inmigrantes indocumentados

miércoles 22 de octubre de 2014, 11:21h
Las reacciones a la promulgación de nueva ley de Arizona que criminaliza a los inmigrantes indocumentados y obliga a los agentes policiales locales a hacer cumplir las leyes de inmigración federales fueron numerosas e inmediatas, tanto en Estados Unidos como en México.
La mayor asociación promotora de los derechos de la minoría hispana en EE.UU, el Consejo Nacional de la Raza, dijo que el viernes era "un día triste" para el pueblo de Arizona y para el país.
"Estamos extremadamente decepcionados con la decisión de la gobernadora (Jan) Brewer", dijo su presidenta Janet Murguía.
"Se ha unido a una larga lista de políticos de Arizona que intentan asegurar su propia supervivencia política a costa de la gente que dicen representar", aseguró Murguía.

"Sospecha razonable"
La ley SB1070 de Arizona, promulgada este viernes, obligará a la policía local arrestar a inmigrantes indocumentados, sólo porque exista una "sospecha razonable".

De lo contrario, los agentes podrían ser demandados por residentes de sus respectivas comunidades.

Se estima que más de 10 millones de personas viven y trabajan en EE.UU. sin la documentación adecuada. La nueva ley convierte a Arizona en el primer estado de EE.UU. en criminalizar este tipo de inmigración.

Hasta ahora, la policía sólo podía preguntar sobre el estatus migratorio de un individuo si éste es sospechoso de haber cometido algún crimen.

Los indocumentados no son los únicos que serán criminalizados con la nueva legislación. Todo aquel que transporte a una de estas personas estará cometiendo un crimen. Contratarlos también será ilegal.
"Esta ley fortalece las leyes de nuestro estado y nos protege a todos", declaró la gobernadora del estado de Arizona, la republicana Jan Brewer, antes de estampar su firma en la controversial legislación que entrará en efecto 90 días después de que termine la presente sesión legislativa del estado.
"Esta es una crisis que nosotros no creamos y que el gobierno se ha negado a resolver, agregó Brewer.
México reacciona
Según se informó en México, la ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, habló de la nueva ley y aseguró que la criminalización no es el camino para resolver el fenómeno de la inmigración indocumentada.
"La ley (...) afecta la relación entre Arizona y México, y obliga al gobierno mexicano a plantearse la viabilidad y la utilidad de los esquemas de cooperación que se han desarrollado con Arizona", afirmó Espinosa.

La canciller también aseguró que México no puede permanecer indiferente ante esta decisión que afecta a los derechos humanos de los más de 400.000 mexicanos que residen en ese estado sin documentación migratoria.

Espinosa dijo que su país utilizará "todos los recursos a su alcance" para defender los derechos y dignidad de los mexicanos afectados, y adelantó que la embajada de México y los cinco consulados que tiene en Arizona "redoblarán sus acciones de asistencia, protección consular y asesoría jurídica".

Desde 1994, cuando el gobierno de EE.UU. implementó la Operación Guardián -que estableció muros y vigilancia policíaca en la frontera entre ambos países- millones de mexicanos indocumentados eligieron Arizona como sitio para cruzar a esa nación.

Se trata de una zona peligrosa. Según autoridades y organizaciones civiles, más de 5.000 migrantes indocumentados han muerto en el desierto de Arizona desde entonces.

Fracaso
Barack Obama afirmó que la norma "socava nociones básicas de imparcialidad".

Antes de que la gobernadora firmará la ley, el presidente de EE.UU., Barack Obama había afirmado que la norma "socava nociones básicas de imparcialidad que los estadounidenses apreciamos".

Durante una ceremonia en la Casa Blanca para el otorgamiento de la ciudadanía a nuevos estadounidenses, Obama dijo que pidió a sus funcionarios que analicen de cerca la situación y "examinen los derechos civiles y otras implicaciones de esa legislación".

El mandatario también dio a entender que el fracaso del Congreso para elaborar una nueva ley integral de inmigración ha abierto la puerta a iniciativas como la de Arizona.

ENDURECIMIENTO
Legislación anterior: La policía sólo podía preguntar sobre el estatus migratorio de los sospechosos de haber cometido algún crimen.
Nueva legislación: Permitirá a la policía local arrestar a inmigrantes indocumentados, sólo porque exista una "sospecha razonable".

Castigará a quienes transporten a estas personas. Asimismo, criminaliza a quienes les den empleo. Permitirá demandar a los funcionarios que obstruyan la aplicación de la norma.

"El gobierno federal ha estado ausente en el tratamiento de la inmigración y eso ha llevado a tomar iniciativas mal encaminadas que contradicen las nociones básicas de justicia y equidad de nuestra nación", aseguró.

Mientras, los representantes estatales del Partido Repúblicano manifestaron su optimismo por la medida.

"Es un gran día para el pueblo de Arizona porque en cuanto se comience a ejecutar esta ley estaremos más seguros", le dijo a la agencia Reuters John Kavanagh, un republicano que respaldó con su voto la norma.

Según informó Marcia Facundo, el tema de la inmigración y la aprobación de la nueva ley ha dividido profundamente a Arizona.

De un lado están los que protegen los derechos de los inmigrantes y aquellos que se sienten afectados por el influjo de latinoamericanos, principalmente mexicanos, a través de la frontera.

"Esta ley fortalece las leyes de nuestro estado y nos protege a todos", declaró la gobernadora del estado de Arizona, la republicana Jan Brewer
La gobernadora de Arizona asegura que la enérgica nueva ley sobre inmigración será aplicada sin apelar a la individuación racial, pero por lo menos dos organizaciones están preparando objeciones legales y México advirtió que la ley podría afectar las relaciones fronterizas.

La gobernadora republicana Jan Brewer firmó el viernes el proyecto de ley que, según sus partidarios, dejará en libertad a la policía para lidiar con la inmigración ilegal en Arizona, donde viven unos 460.000 inmigrantes indocumentados y la puerta de entrada más activa para el contrabando humano y el narcotráfico desde México.

La ley estatal criminaliza estar ilegalmente en el país. También requiere que la policía local interrogue a la gente sobre su situación inmigratoria si tiene motivos para sospechar que son indocumentados; permite demandar a las agencias del gobierno que obstaculicen la aplicación de las leyes inmigratorias, y determina que es ilegal contratar a jornaleros indocumentados o transportarlos a sabiendas de su situación inmigratoria.

Mientras cientos de manifestantes protestaban frente al Capitolio estatal por considerar que la ley conducirá a abusos de los derechos humanos, la gobernadora dijo que la reacción de sus críticos era exagerada y que no permitirá la individuación racial.
"Nosotros en Arizona hemos sido pacientes por demás a la espera de que Washington actuara", dijo Brewer después de firmar la ley. "Pero décadas de inacción y políticas erróneas han creado una situación peligrosa e inaceptable".

El mismo viernes, el presidente Barack Obama calificó la ley de "descaminada" y encomendó al Departamento de Justicia que determine si es legal. Agregó que el gobierno federal debe aplicar una reforma inmigratoria a nivel nacional, a riesgo de dejar abiertas las puertas a "la irresponsabilidad ajena".
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