Hace cuatro años tuvo lugar en Ifema, en el marco de HIP, el primer Congreso Europeo de Derecho y Gastronomía y poco tiempo después, se constituyó la Asociación Europea de Derecho y Gastronomía (AEDG) con el impulso de la Real Academia de Gastronomía y el Despacho Cremades & Calvo-Sotelo.
En los años siguientes continuó celebrándose el Congreso y se publicó el libro Derecho y Gastronomía, la primera obra jurídica que aborda los diferentes aspectos relacionados con la materia, como los derechos de autor en el mundo culinario, la introducción de contenidos de alimentación y de nutrición en los planes educativos, la regulación de la gastronomía saludable y sostenible o los requerimientos fiscales y de carácter penal que necesitan una respuesta jurídica en este siglo XXI.
Y, como es natural, dentro de ese marco jurídico de la nueva gastronomía surge la posibilidad, la conveniencia y hasta la necesidad de que el Derecho a la Alimentación se incorpore a las Constituciones políticas de los diferentes países.
El Derecho a la Alimentación en las Constituciones
El derecho a la vivienda, a la sanidad y a la educación quedan contemplados como derechos fundamentales en la mayoría de las Constituciones de los países democráticos de Occidente. Sin embargo, hay un aspecto muy importante que aún no se ha planteado y es el derecho a la alimentación.
La alimentación es una necesidad básica para el ser humano y, por ello, hay que asegurarse de que todas las personas tienen acceso a una alimentación suficiente y saludable.
Para conseguir este objetivo es fundamental el apoyo a la producción agroalimentaria (producción de alimentos y bebidas) y a los otros eslabones de la cadena alimentaria, la industria, la distribución, el comercio y el consumo final, ya sea doméstico o en restaurantes, bares, tabernas, cafeterías, coctelerías o confiterías.
La Agenda 2030
Entre los objetivos de la Agenda 2030 debería incluirse como prioritario que en el año 2030 ningún niño en el mundo esté mal alimentado por defecto o por exceso.
En el mundo hay suficientes alimentos como para que ningún niño deba pasar hambre o estar malnutrido. Pero resulta todavía más absurdo que los niños, en este siglo XXI, estén malnutridos por exceso. Muchos se encuentran ya en un estado de obesidad o sobrepeso, con riesgo de diabetes y con posibilidades de padecer, en el futuro, enfermedades cardiovasculares. Esto ya se recoge en la Resolución del Parlamento Europeo, de marzo de 2014, sobre el Patrimonio gastronómico europeo: aspectos culturales y educativos.
La cadena alimentaria
Y es fundamental que los profesionales que trabajan en todos los eslabones de la cadena alimentaria (y no solo los grandes chefs) tengan el reconocimiento y la retribución económica, laboral y social que se merecen. Hablamos de agricultores, ganaderos y pescadores, industriales, distribuidores y comerciantes.
Y hay que pedir a las Administraciones Públicas y a los ciudadanos que apoyen, con sus gestos y con sus demandas, a los productores que han hecho un esfuerzo por generar alimentos y bebidas más saludables y más sostenibles para la población.
Transición Ecológica y Digital
El Derecho a la Alimentación debe contribuir, también, a alcanzar los objetivos de la Comisión Europea relativos a la Transición Ecológica y a la Transición Digital.
Desde el punto de vista ecológico, uno de los principales objetivos a tener en cuenta es que la tierra y el agua sigan produciendo alimentos.
Por otra parte, la pandemia está poniendo de relieve la necesidad de incorporarnos al mundo digital, lo que nos permite suplir muchos de los problemas que puede generar la falta de movilidad y de contacto personal. La digitalización del sector gastronómico es una tarea pendiente y necesaria en el siglo XXI.
Fuente: Gastrocultura
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