Santos y su ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, hicieron el anuncio de esta localidad, en el departamento de Santander y a unos 265 kilómetros al norte de Bogotá; y que se ubica en el corazón del llamado Magdalena Medio, una región plagada desde hace décadas por la violencia de distintos grupos.
La devolución de tierras es "el mejor programa de paz, ese es el programa de reconciliación que podemos liderar", dijo Santos en un discurso desde un centro educativo de Barrancabermeja, donde se realizó el acto. Además "podemos hacer de Colombia una importante despensa de alimentos al servicio de un mundo cada vez mas necesitado de ello".
Dijo que Colombia, con unas 114 millones de hectáreas, apenas utiliza en actividades agrícolas unas 4,9 millones de hectáreas, cuando se calcula que 21,5 millones hectáreas se pueden dedicar a tales fines.
El mandatario y el ministro Restrepo anunciaron que presentarían la semana entrante al Congreso un proyecto de ley para facilitar la devolución de tierras, pero no dieron detalles del texto.
Santos, en un acto simbólico, entregó en la ceremonia el título de propiedad de una finca de 1.600 hectáreas a dos hombres representantes de 400 familias de dos localidades del municipio de Simití, en el departamento de Bolívar, y a 370 kilómetros al norte de Bogotá.
Las tierras de la finca, dijo Santos, fueron "arrebatadas" a los pobladores de la zona por el ex jefe narcoparamilitar Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco", extraditado a Estados Unidos en mayo del 2008.
La finca, sembrada actualmente de palma, será administrada por el llamado Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, una iniciativa surgida hace 15 años y liderada por el padre jesuita Francisco de Roux, un reconocido defensor de derechos humanos.
El presidente no indicó cuántas hectáreas más pretende entregar, pero el ministro Restrepo ya ha dicho que el plan es devolver unas dos millones de hectáreas a lo largo de cuatro años de gobierno (agosto 2010-agosto 2014).
Miembros de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) calculan que alrededor de 3,5 millones de personas, o unas 750.000 familias, debieron abandonar o fueron despojadas de entre cuatro y cinco millones de hectáreas en los últimos años.