Una comisión parlamentaria y el coordinador internacional de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, la alianza opositora, Ramón José Medina, sostuvieron un encuentro en Washington con Santiago Cantón, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, OEA, y con el secretario general de esa organización, José Miguel Insulza.
Hace dos semanas la Asamblea saliente, dominada por el chavismo, aprobó antes de entregar al nuevo parlamento el 5 de enero, unas 25 leyes socialistas, entre las cuales, la cuestionada Habilitante que faculta a Chávez a legislar con decretos en los próximos 18 meses hasta mediados del 2012, que coincide con el año electoral.
Aunque el retorno de la bancada opositora, luego de una ausencia de cinco años durante los cuales entregó todo el poder legislativo al gobierno, representa una minoría de 67 de los 165 escaños del parlamento, y legalmente está limitada para revocar las leyes, los diputados opositores han iniciado una ofensiva en el plano nacional e internacional.
La fuerza que esgrime la oposición es moral, legítima pero no legal. El 26 de septiembre pasado ganó con el 52 % (5.943.853 votos) pero el gobierno sólo le reconoció el 40 % y 67 diputados por “los trucos electorales”, según el político Teodoro Petkoff, mientras que el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, quedó de segundo (5.333.910 votos) pero se alzó con el 60 % y 98 diputados.
El diputado opositor Timoteo Zambrano ante el parlamento latinoamericano, dijo a ABC que la denuncia contra Chávez que hace la delegación venezolana en la OEA “no se pretende injerencia en la situación interna de Venezuela ni cesión de la soberanía, el sistema interamericano nos entrega herramientas cuando se nos conculcan los espacios internamente”.
La bancada oficialista acusó a Insulza de “entrometerse en los asuntos internos de Venezuela”, según declaró la ex presidenta de la Asamblea, Cilia Flores. Insulza dijo que convocaría el Consejo Permanente de la OEA para discutir el tema venezolano que en su opinión viola la Carta Democrática regional.
Zambrano recalzó que están ejerciendo un derecho que les confiere el artículo 31 de la Constitución venezolana. “Los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. Nosotros no le estamos diciendo que vengan a invadir a Venezuela ni nada de eso”.
El documento que presentó la delegación venezolana hoy en Washington consta de seis folios en los que denuncian los poderes especiales otorgados a Chávez con los que suplanta las facultades de la Asamblea Nacional y viola los preceptos democráticos de la Carta Magna.
Dicho documento circulará también en Unasur, Mercosur, Comunidad Andina, Parlamento Europeo y Parlamento Latinoamericano. “Vamos a conversar con todos los que se pueda conversar. La discusión se está dando en otros escenarios porque en la Asamblea Nacional no hay diálogo, sino confrontación”.
La Iglesia venezolana
Por su lado la Conferencia Episcopal Venezolana exigió al presidente Chávez devolver sus poderes especiales a la Asamblea Nacional. “Los parlamentarios del partido de gobierno, antes de irse, aprobaron arbitrariamente 25 leyes en cuatro semanas, desconociendo el voto popular y concentrando más poder en la figura presidencial”.
En su documento episcopal, afirman que “las leyes poco tienen que ver con los problemas de la gente. Allí no se habló de la inseguridad desbordada, de la generación de empleo, de las cárceles, del presupuesto universitario, entre otros”.
Los obispos acusan al ejecutivo de “estructurar un paquete legal para encaminar el país hacia el comunismo y concentrar más poder en una sola persona. Las autoridades no pueden establecer condiciones para eternizarse en el poder”.
Dijeron que la tragedia de las lluvias fue “aprovechada para despojar de competencias a gobernadores, alcaldes y parlamento”.
A petición de la bancada opositores, el presidente Chávez fue convocado a rendir cuenta el próximo sábado en la Asamblea.