Los poderes especiales de Chávez son moralmente inaceptables, dicen los obispos venezolanos

(La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) calificó de "inaceptables" los poderes especiales que la anterior Asamblea Nacional entregó al Presidente Hugo Chávez, para que gobierne por decreto hasta mediados de 2012 a través de la llamada Ley Habilitante.

La CEV emitió este martes al final de su 95° Asamblea Ordinaria un mensaje en el que advirtió que la Ley Habilitante desconoce la voluntad popular expresada en las elecciones legislativas de septiembre de 2010, donde la oposición obtuvo 67 escaños frente a los 98 oficialistas y le quitó al Gobierno la mayoría calificada.

Los obispos indicaron que el objetivo de esta ley es limitar el poder del nuevo Parlamento y no, como decía Chávez, enfrentar la emergencia de las lluvias.
Además criticaron que el Congreso, que funcionó hasta el 4 de enero con hegemonía oficialista, aprobara en menos de un mes 25 leyes cuya mayoría restringe "derechos y garantías de los venezolanos e incorporan propuestas de la reforma constitucional que fueron rechazadas por el pueblo en el referéndum de 2007".

Los obispos recordaron que el 2 de diciembre de 2007 los venezolanos rechazaron reformar la actual Constitución, que el Gobierno quería cambiar para imponer "un sistema de gobierno socialista que excluye y discrimina a quien no comparte la ideología socialista".

"Las nuevas leyes poco tienen que ver con los problemas reales del país. En efecto, la situación de Venezuela es ya muy grave por el auge incesante de la inseguridad y violencia, por el endeudamiento del país, el inmenso déficit de vivienda y el encarecimiento del costo de la vida", añadieron.

El Episcopado dijo que leyes como la de Telecomunicaciones y la de Universidades limitan los derechos y condicionan la libertad de consciencia, con el objetivo de "afianzar el pensamiento único y la hegemonía comunicacional del Gobierno".

También advirtió que las llamadas leyes del poder popular que auspician las "comunas" -grupos sociales apoyados por el Gobierno- afectan las atribuciones constitucionales de gobernadores y alcaldes.
La CEV señaló que las expropiaciones de fincas, terrenos y edificios, tal como se aplican, "contravienen el derecho constitucional a la propiedad".

Los obispos afirmaron que el Estado no puede asumir el control total de las vidas de las personas "ni establecer condiciones para eternizarse en el ejercicio del poder, pues es contrario a los valores cristianos, a los derechos humanos y al sentir común destruir al que piensa diferente o condenarlo al silencio".