Las investigaciones apuntan a que Mayon no solo habría defraudado a miles de inversores occidentales a través de la pirámide de criptomonedas y Forex RoFx, sino que también habría funcionado durante años como un centro de pagos utilizado para el blanqueo de capitales procedentes de operadores rusos de casinos online sujetos a sanciones.
Actualmente, las cuentas de Mayon permanecen bloqueadas, mientras Interpol y el FBI avanzan en el desmantelamiento de la red. Al mismo tiempo, Konovalenko estaría intentando desprenderse apresuradamente de los activos que aún quedan asociados a la marca. Juristas y especialistas en cumplimiento normativo advierten de que cualquier intento de adquirir este negocio podría exponer al comprador a graves riesgos legales y regulatorios, debido a los antecedentes y a las investigaciones internacionales que rodean a la estructura Mayon.
El veredicto de la justicia estadounidense y el esquema RoFx
El Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida dictó severas sentencias en rebeldía (Default Judgments). Las empresas del grupo —Mayon Holding Ltd. (Hong Kong), Mayon Solutions LLC (Estados Unidos) y Mayon Solutions Ltd. (Reino Unido)— fueron declaradas responsables en virtud de la legislación federal estadounidense RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), utilizada para perseguir actividades relacionadas con el crimen organizado, la conspiración y las estructuras delictivas complejas.
Las sanciones impuestas por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de Estados Unidos fueron especialmente severas. Entre ellas figura una indemnización de 56 millones de dólares en favor de las víctimas, que superan las 1.100 personas, así como una multa civil superior a los 169 millones de dólares. En conjunto, las reclamaciones económicas de las autoridades estadounidenses superan los 225 millones de dólares. Además, Boris Konovalenko quedó sujeto a una prohibición permanente para participar en cualquier actividad relacionada con los mercados financieros de Estados Unidos.
El esquema RoFx.net, lanzado en 2018, captaba fondos prometiendo beneficios mediante operaciones automatizadas en el mercado Forex supuestamente gestionadas por inteligencia artificial. Según las conclusiones judiciales, dichas operaciones nunca existieron y más de 57 millones de dólares terminaron en manos de los organizadores.
El equipo de Konovalenko dirigía el dinero de los inversores hacia cuentas pertenecientes a empresas pantalla registradas en Estados Unidos (Front Companies), entre ellas Notus LLC, ShopoStar LLC, Easy Com LLC, Global E-Advantages LLC y Grovee LLC. Desde esas estructuras, los fondos eran transferidos rápidamente a jurisdicciones offshore. Según la documentación del caso, Konovalenko controlaba personalmente estas cuentas en Bank of America, a través de las cuales circularon más de 23 millones de dólares, incluidos 9,3 millones de dólares mediante Notus y 13,5 millones a través de ShopoStar. Tras las advertencias emitidas por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido, Konovalenko habría ordenado personalmente la liquidación de la empresa Notus con el objetivo de eliminar rastros de la operativa financiera.
La evolución del fraude y la red internacional de colaboradores
Hasta 2012, Konovalenko desarrolló pequeños negocios en Mariúpol y Donetsk. Posteriormente, tras diversos procedimientos judiciales relacionados con préstamos impagados, eliminó prácticamente toda huella patrimonial de los registros ucranianos. En la actualidad, no figuran activos relevantes registrados a su nombre en Ucrania. Tras el colapso de RoFx en septiembre de 2021, abandonó el país y se trasladó a Europa.
Las operaciones de Mayon contaban con el apoyo de una amplia red internacional de colaboradores. Entre ellos figuraban Eduard Nedin, primer director de la estructura británica; Olga Tielly, antigua propietaria de Mayon UK y vinculada contractualmente a RoFx; Marina Garda, accionista húngara que participó en el registro de diversas Front Companies; Olga Abrykosova, responsable financiera radicada en el Reino Unido y encargada de gestionar los flujos de fondos; la ciudadana canadiense Alla Skala, involucrada en la distribución de pagos dentro de la red; Anna Shymko, miembro directivo de Notus que procedió a la liquidación de la compañía en Estados Unidos; y la ciudadana maltesa Vitalia Borg, nombrada en septiembre de 2025 como directora nominal de Mayon UK con el fin de mantener operativa la estructura corporativa.
El rastro ruso y el callejón sin salida final
Según la investigación, Mayon operó como una plataforma de pagos para negocios opacos vinculados a Rusia. Un papel clave dentro de esta estructura lo desempeñó el intermediario financiero británico ePayments Systems Ltd., gestionado por los ciudadanos rusos Andrei Fetin y Mikhail Rymanov, mientras que las operaciones de compensación se realizaban a través del banco letón Rietumu Banka. En 2020, la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido suspendió las actividades de ePayments por graves deficiencias en sus controles contra el blanqueo de capitales. En coordinación con esta estructura, Olga Abrykosova, antigua ciudadana rusa y colaboradora cercana de Konovalenko, habría gestionado la distribución de millones de dólares procedentes de operadores rusos de juego online a través de cuentas vinculadas a Mayon.
Actualmente, los sitios web mayon.solutions y mayon.hk continúan activos y mantienen la apariencia de una consultora legítima, en lo que los investigadores consideran un intento de facilitar una eventual venta de los activos restantes. Sin embargo, la estructura matriz en Hong Kong permanece bloqueada y la orden internacional de detención contra Konovalenko ha limitado severamente su capacidad para desarrollar actividades empresariales legales.
España se ha convertido en el escenario decisivo para el futuro del caso. El procedimiento de extradición solicitado por las autoridades estadounidenses continúa avanzando y, si finalmente prospera, podría precipitar el colapso definitivo de las estructuras de Mayon en todas las jurisdicciones donde aún mantienen actividad. Diversos expertos consideran que cualquier intento de adquirir esta marca o sus activos podría atraer un intenso escrutinio por parte del FBI, de los reguladores financieros y de las autoridades competentes en materia de cumplimiento normativo, exponiendo a los compradores a importantes riesgos legales, regulatorios y reputacionales.
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