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El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón

Casi un millar de jueces han firmado ya el manifiesto por la independencia judicial contra los planes de Gallardón

Denuncian que los ciudadanos más vulnerables ven sus procesos demorados, sufren los desahucios y el deterioro de la Justicia y piden un pacto.

miércoles 22 de octubre de 2014, 11:21h

Cerca de un millar de magistrados pertenecientes a diferentes organizaciones profesionales han firmado ya el manifiesto en defensa de la independencia judicial promovido en un principio por la asociación progresista Jueces para la Democracia.

“La independencia judicial no es un privilegio de los miembros de la judicatura, sino una garantía para los derechos fundamentales de la ciudadanía y para la prestación de un adecuado servicio público. La puesta en práctica de reformas que afecten a la independencia judicial dañará necesariamente la credibilidad de nuestro Estado de Derecho.” Así se expresan quienes suscriben este documento que reclaman un pacto sobre Justicia para frenar el proyecto de ley de reforma de Gallardón.

Para estos magistrados que ya se acercan al millar en estos momentos, “resulta de especial gravedad que una reforma de estas características se haya impulsado de manera unilateral, de forma precipitada, sin ningún diálogo real y con la oposición de todos los sectores de la Administración de Justicia”. Entre quienes se han adherido al manifiesto hay jueces que actúan en todo tipo de instancias, desde los juzgados de instrucción a la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo.

Consulte la lista de los jueces que ya han firmado contra Gallardón

 “Crisis para desmantelar el Estado del Bienestar”
“La crisis económica se ha convertido en el pretexto para desmantelar el Estado del Bienestar y quebrar todos los consensos creados para garantizar la convivencia pacífica y constructiva. En poco más de un año se ha llevado a efecto un importante retroceso de las libertades de la ciudadanía. Los derechos sociales se han reducido a la mínima expresión con la reforma laboral. Se han recortado servicios públicos básicos, como la sanidad y la enseñanza, sin que se haya reclamado ningún sacrificio equivalente a los grandes negocios privados”, comienza el manifiesto”.

“Han debilitado la estructura”
 “La administración de justicia, como servicio público, debería formar parte del núcleo esencial de los esfuerzos del Estado en un momento en el que cada vez son más quienes ven en la justicia la última posibilidad de protección y defensa”, consideran los jueces que enumeran a continuación: “La inclusión de las tasas judiciales, el despido de más de 1.200 jueces interinos y la falta de convocatoria de oposiciones en los distintos Cuerpos de la Administración de Justicia han debilitado la ya delicada estructura judicial. Y han condenado a cientos de miles de personas a litigios que duran más allá de lo razonable 

“Perjudicada la tutela de los grupos más sensibles”
Para los magistrados “se han debilitado los medios de tutela de los grupos de personas más sensibles a los efectos de la crisis: trabajadoras y trabajadores que ven como sus procesos se demoran meses antes de celebrar juicio, personas desahuciadas y ejecutadas que pierden sus viviendas aun a sabiendas de que sus préstamos podrían incluir cláusulas bancarias abusivas. De ahí que la defensa de la Justicia como valor, como poder y como servicio deba reclamar la atención no solo de los operadores jurídicos, sino de toda la ciudadanía”.

“Deteriorar la independencia de los jueces”
“Pero, además, ahora se pretende deteriorar la independencia judicial. El principio de separación de poderes es uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho. Por ello, en nuestra Constitución se diseñó un sistema en el que una de las garantías de la independencia judicial era la creación del Consejo General del Poder Judicial, cuyas competencias son básicas para hacer efectivas las funciones de la judicatura en defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Nuestra sociedad necesita de un poder judicial sólido, con instrumentos para cumplir sus elevadas funciones y con capacidad para afrontar los conflictos sociales sin dejarse influir por interferencias políticas, mediáticas o de grupos de presión”. añaden.

El Gobierno subordina el poder judicial al político
Los planes de reforma del Gobierno son duramente criticado por lo que supone de subordinación de los jueces a los intereses políticos: “El Gobierno ha impulsado un proyecto de ley en el que arrebata importantes competencias al órgano de gobierno del poder judicial. Ello rompe el equilibrio propio de la división de poderes. Y supone una subordinación del poder judicial al poder político. Con esta reforma el Ministerio de Justicia sustrae funciones sobre medios materiales y personales que son fundamentales para la independencia judicial”.

…cuando se investigan numeroso casos de corrupción
“Y, en un contexto –prosiguen- en el que se están investigando numerosos casos de corrupción, todavía resulta más necesario que se respete la actuación de una judicatura independiente, sin que desde cualquier Gobierno se disponga de instrumentos que puedan perturbar las atribuciones constitucionales de nuestros juzgados y tribunales”.

No despojar de competencias al CGPJ
Los firmantes afirman que sin duda el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial puede ser mejorable. Pero añaden que “eso no puede suponer un pretexto para que desde el Gobierno se despoje al CGPJ de competencias relevantes, que afectarán al estatuto de los integrantes del poder judicial, lo cual posibilitará un control y un condicionamiento de sus funciones jurisdiccionales”.

Recortes en juzgados y tribunales
 “Nuestra administración de justicia se encuentra en una grave situación de deterioro estructural por falta de medios materiales y personales suficientes para hacer frente a las necesidades reales. Sin embargo, en lugar de incrementarse la inversión pública, se han practicado recortes presupuestarios que van a dificultar aún más las actuaciones de nuestros juzgados y tribunales”

Reclaman un pacto sobre Justicia
“Esta situación de precariedad se va a agravar ante una reforma que debilitará las funciones de la administración de justicia, vaciará de contenido las competencias del órgano de gobierno de la judicatura y erosionará la división de poderes”. Y concluyen: “Ante esta crítica situación, que pone en peligro la tutela de los derechos de la ciudadanía, reclamamos al Gobierno y a todos los poderes públicos un Pacto sobre Justicia que garantice de una vez por todas la independencia judicial y la efectiva división de poderes que proclama la Constitución”.

Fuente: ElPlural.com - Aurora Moya | 17/06/2013

 

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