El Gobierno, no obstante, instó a la Corte Suprema a no involucrarse por considerar que debe ser el Congreso el que cambie la ley y no los tribunales.
Mientras tanto continúa el litigio en los tribunales después de que el mes pasado, la juez federal Virgina Phillips dictaminara que la ley conocida como "Don't ask Don't tell" ("No preguntas, no digas") viola los derechos civiles de los homosexuales.
Phillips, que concluyó que la ley violaba la Primera y la Quinta Enmienda de la Constitución, ordenó el 12 de octubre al Pentágono que dejara de aplicar la ley introducida en 1993 por el entonces presidente Bill Clinton.
El Gobierno presentó un recurso dos días después para aplazar el bloqueo de la ley, y un tribunal federal de apelaciones en San Francisco decidió a continuación mantener vigente la ley mientras revisan si viola los derechos de los homosexuales que quieran servir en el Ejército.
El presidente Obama ha dicho que quiere que el Congreso anule la ley, pero se ha mostrado a favor de una transición ordenada y se opone a una orden judicial que entre en vigor de forma inmediata, al considerar que causaría grandes contratiempos en el Ejército.
El Pentágono lleva meses realizando una encuesta entre sus filas para analizar el impacto que tendría abolir la ley y que aquellos homosexuales que quieran servir en las Fuerzas Armadas puedan declarar abiertamente su condición sexual.
Obama recibirá el informe el 1 de diciembre pero según filtró el diario Washington Post, que ha tenido acceso a los resultados, el 70 por ciento de los militares consultados consideró que el impacto de abolir la ley sería "positivo, mixto o inexistente".
La ley de 1993 fue concebida como "término medio" entre la postura del Gobierno de Clinton, que quería levantar por completo la veda a homosexuales, y quienes lo consideraban contraproducente.
Sus detractores aseguran que ésta fomentó en las filas una cultura de delación que permitía el despido injusto de un homosexual.
Organizaciones contra esta ley como Servicemen United han denunciado que desde que entró en vigor más de 12.000 militares han sido dados de baja de las Fuerzas Armadas.
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