Corte Suprema de Chile ratifica penas a represores por detenido desaparecido

El caso fallado se refiere a Jorge D'Orival Briceño, de 26 años, egresado de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile y miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que fue detenido en su casa el 31 de octubre de 1974.
Contreras, que fue el jefe de la DINA, la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, fue condenado a 15 años de prisión en este caso, que suma una nueva sentencia a varias otras, que incluyen dos cadenas perpetuas.

Según consta en los documentos del juicio, los agentes regresaron varias veces al domicilio, una de ellas con el detenido, que presentaba evidentes muestras de tortura.
Existen varios testimonios de supervivientes de la represión sobre la presencia de D'Orival Briceño en centros de detención de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), principalmente en uno que funcionó en la avenida José Domingo Cañas, del residencial sector santiaguino de Ñuñoa.

El dictamen emitido por la II Sala Penal del máximo tribunal chileno ratifica en todas sus partes, lo resuelto el 28 de noviembre del año pasado por la Corte de Apelaciones de Santiago, que a su vez confirmó la sentencia de primera instancia, emitida el 22 de octubre de 2007 por el juez Alejandro Solís.
Además de los 15 años de prisión para el general Contreras, la Justicia sentenció a diez años de cárcel al ex brigadier Miguel Krassnoff Martchenko y los ex coroneles Marcelo Moren Brito y Francisco Ferrer Lima.
En tanto, Orlando Manzo Durán, ex coronel de Gendarmería (Servicio de Prisiones) y el ex suboficial del Ejército Basclay Zapata recibieron cinco años y un día como cómplices.

El ex coronel del Ejército César Manríquez Bravo fue absuelto por falta de participación, mientras a Manzo y Zapata se les concedió el beneficio de la libertad vigilada, pero no podrán abandonar la cárcel porque, al igual que los otros condenados, cumplen otras condenas por violaciones a los derechos humanos.
El fallo de fue decidido en una votación dividida de 5-1 por la II Sala Penal, pues uno de los jueces, Rubén Ballesteros, fue partidario de absolver a los represores sobre la base de la prescripción de la acción penal.