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El Consejo Constitucional francés rechaza la ley antidescargas

La Ley Hadopi, o lo que es lo mismo, la 'ley de los tres avisos' presentada por el gobierno de Nicolás Sarkozy, fue rechazada por el Consejo Constitucional francés

miércoles 22 de octubre de 2014, 11:21h
Según la Ley Hadopi, los internautas que realizaran descargas de contenido protegido por derechos de autor podrían, en el peor de los casos, ser sancionados con la suspensión de su conexión a internet, debiendo pagar la subscripción a la línea aunque no puedan utilizarla. Según la ley, se darían tres avisos al infractor, y al tercero una 'autoridad competente' podría decidir la suspensión o bloqueo del acceso a internet del usuario.
El partido socialista francés presentó un recurso de inconstitucionalidad al Consejo, exponiendo hasta once puntos en los cuales entendían que la ley podría violar los derechos constitucionales de los franceses. El Consejo finalmente ha decidido que dos de esos puntos vulneran la constitución: primero, la ley va en contra de la libertad de expresión y comunicación, y segundo, la ley ignora la presunción de inocencia de los usuarios, al facilitar la desconexión de Internet sin una decisión judicial mediante.

Con respecto a los puntos mencionados, la ley queda sin efectividad ejecutiva, por lo que sólo podrá ponerse en práctica la parte en la que se avisa a los ciudadanos de que están realizando una descarga que para el gobierno galo sea 'ilegal'.

Hace relativamente poco que el parlamento Europeo rechazó la parte del paquete de telecomunicaciones previsto por contener intentos de sancionar a los usuarios que realicen descargas de archivos protegidos por derechos de autor.

Otras iniciativas semejantes han sido rechazadas en países como Nueva Zelanda, en marzo pasado. En España, el gobierno socialista parece todavía comprometido con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) a legislar en contra de las descargas a través de P2P, y según el ministro de Cultura, César Antonio Molina, se tendrán medidas preparadas antes de fin del presente año.

Los problemas con los que se encuentran estas iniciativas contra la piratería y las descargas 'ilegales' se pueden resumir en que las medidas de castigo a los usuarios son de dudosa legalidad, como ha advertido el Consejo Constitucional francés, en que hay un fuerte rechazo en la comunidad de usuarios, en la desproporción entre el delito y el castigo y en la duda sobre la fiabilidad de los sistemas de detección de los posibles infractores.
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