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Teodoro García Egea, Cuca Gamarra y Pablo Casado, en el Congreso. EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press
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Teodoro García Egea, Cuca Gamarra y Pablo Casado, en el Congreso. EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press

Casado insiste en torpedear la política económica del Gobierno y llama a sus cargos a hablar de "catástrofe social"

  • Los argumentarios internos que la dirección del PP envía a todos sus dirigentes defienden que el Ejecutivo es "un elemento tóxico y su política económica responde a una ingeniería social". Esta estrategia se suma al intento por frenar la llegada de los fondos europeos

viernes 23 de julio de 2021, 15:35h

23JUL21 – MADRID.- El inicio de la recuperación que se está reflejando en el crecimiento del empleo y en la mejora de las previsiones de crecimiento de todas las instituciones no solo no ha puesto fin a la permanente campaña de desprestigio del Partido Popular contra la política económica del Gobierno, sino que la ha agravado. La dirección de Pablo Casado ha pedido expresamente a todos los cargos del partido que renieguen del repunte de la economía española instándoles a que, en cada una de sus intervenciones públicas, hablen de que "España vive hoy una auténtica catástrofe social".

En sus argumentarios internos, las consignas que Génova 13 envía cada día a todos los dirigentes populares para que las utilicen en sus respectivas comparecencias, la cúpula de los populares exige defender que la citada "catástrofe" en la que a su juicio se encuentra el país ha llegado "como consecuencia de los casi cinco millones de españoles que quieren y no pueden trabajar". En realidad, según los últimos datos oficiales de principios de julio, en España hay 3.614.339 parados y 447.800 personas en ERTE. "Todavía tenemos cerca de 400.000 personas más en desempleo que en el momento anterior a la pandemia, y la juventud, que padece el desempleo más alto de Europa, con cifras que superan el 40%, está instalada en el desánimo y la desesperanza", apunta el equipo de Casado.

Otra de las ideas que pide repetir Génova 13 es que "las colas del hambre se extienden por toda la geografía española", una frase que se ha convertido en un clásico de prácticamente todas las intervenciones de Casado de las últimas semanas. En esa línea, el miércoles, el líder del PP consideró, ante la Junta Directiva Nacional de su partido –el máximo órgano de decisión de los populares entre congresos– que el Ejecutivo ha propiciado una "devastación institucional y territorial", así como una "ruina económica, social y sanitaria por una negligente gestión" durante la pandemia.

El argumento central que el equipo de Casado insiste en tratar de que lo repitan los cargos populares repartidos por toda España es que "el Gobierno se ha convertido en un elemento tóxico y su política económica responde a una ingeniería social". "Hay que dejar hacer, invertir, emplear y, en definitiva, hacer país a los autónomos, pymes y empresarios, que son los que crean riqueza, prosperidad y suben la persiana todos los días", señalan las consignas de la dirección del PP.

Guerra con los empresarios y ante la UE

Desde su triunfo en las primarias, hace ahora justo tres años, uno de los principales puntales de la labor de oposición de Casado ha sido tratar de torpedear todas las decisiones económicas del Gobierno con la histórica premisa defendida siempre por el PP de que la derecha gestiona mejor las finanzas. Esa es la principal razón por la que el líder de los populares ha declarado la guerra a los empresarios que en los últimos meses han logrado distintos acuerdos con el Ejecutivo progresista en materia laboral o de pensiones. El PP no perdona que la patronal, un sector al que consideraba afín, haya "traicionado" a las derechas pactando con un Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Pero principalmente, a raíz del estallido de la pandemia, la principal estrategia de Casado ha sido tratar de impedir en Bruselas la llegada a España de los fondos europeos destinados a paliar las consecuencias de la emergencia sanitaria. En septiembre, cuando la Unión Europea debatía acerca de esos fondos el líder 'popular' se reunió con los embajadores en Madrid de todos los socios europeos para mostrarles su desconfianza en el Ejecutivo para gestionar esos millones del fondo de recuperación.

En pleno proceso de negociación del reglamento para el reparto de los fondos, cuando estaba en juego qué condicionalidades se iban a terminar de exigir, España encabezaba los datos de contagios en la UE –era la conocida como segunda ola de la COVID– y era uno de los países más afectados por el descalabro económico de la pandemia –en términos de paro y caída del PIB–, el líder del PP agitó el fantasma de la desconfianza hacia el Gobierno entre los 27 países de la Unión. Casado reclamó entonces una autoridad por encima de los ministros para gestionar los fondos, alimentando esas sospechas contra el Ejecutivo, que mantiene aún hoy en día.

También entonces, la jefa de la delegación del PP en el Parlamento Europeo, la exministra Dolors Montserrat, envió un informe con el membrete de los populares europeos junto con una carta firmada de su puño y letra al comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, en el que cuestionó el Estado de derecho en España y acusó al Gobierno de querer "encubrir cifras que colocan a España entre los países con el mayor número de muertes en términos relativos".

La alternativa de bajadas masivas de impuestos

En ese informe de 13 páginas, titulado Evaluación de las medidas aplicadas en España durante el Estado de alarma, Montserrat criticó el estado de alarma decretado para hacer frente a la pandemia y que el PP dejó de apoyar hace más de un año. "Este documento expresa una preocupación fundada en el caso específico de la acción del Gobierno español. La persistencia de instrumentos constitucionales de excepción más allá de lo razonable, el ejercicio del llamado 'mando único' a través de reglas administrativas de bajo rango que, sin embargo, también suponen una intrusión grave en la esfera de los derechos económicos y civiles de los ciudadanos, así como el deterioro de la capacidad del Parlamento como instancia de control democrático son algunos de los aspectos que se analizan a continuación", apuntaba el texto.

La alternativa económica de Casado a los planes del Gobierno, plasmada en sus argumentarios, se basa principalmente en la práctica eliminación de la fiscalidad y la reducción al máximo del Estado. Los populares defienden un "plan de competitividad" que se basa en cinco pilares clave: "bajada de impuestos, flexibilidad laboral, reducción de la burocracia, mejora en la formación y seguridad jurídica". "Es la única manera de salir de la crisis y levantar el país. Lo hemos hecho cuando hemos gobernado y lo volveremos a hacer cuando gobernemos", sentencia Génova 13.

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