Es la segunda vez que el gobernante toma la misma decisión, pues en marzo del 2008 vetó un decreto similar argumentando que era inconstitucional y contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual ``determina que una vez abolida dicha pena (de muerte), ya no se restablecerá''.
El mandatario instó a los congresistas a no volver a aprobar un decreto para restablecer el indulto, sino, por el contrario, iniciar un proceso tendiente a abolir la pena capital en el país.
En Guatemala hay una veintena de condenados esperando en los “corredores de la muerte”, pero la pena capital no se ha aplicado en los últimos años por desacuerdos sobre quién tiene la facultad de indultar o conmutar la sentencia de muerte por cadena perpetua.
El proyecto del Congreso devolvía al presidente la facultad de conceder los indultos, con lo cual se habría podido reiniciar la aplicación de las sentencias.
``Era lo que esperábamos del presidente, porque el Estado debe velar por la vida, pero ahora debe dar un paso adicional: dejar clarísimo que la pena de muerte se debe erradicar'' en Guatemala, afirmó el director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, Mario Minera.
“El papel que está jugando el Congreso'', donde partidos de derecha insisten en la aplicación de la pena capital para reducir los índices de criminalidad, que en promedio deja unos 18 muertos diarios, es ``vergonzoso y absurdo'', agregó el activista.
El dirigente del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Jorge Santos, agregó que el intento de los diputados por reactivar la pena de muerte es un cálculo político con vistas a las elecciones generales del 2011.
``Esperamos que los diputados se dediquen a legislar a favor de la vida y no de la muerte, porque se ha comprobado que la pena capital no reduce los índices de violencia'', afirmó.
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