El proyecto de ley pasará a conciliación entre los textos de Senado y Cámara y se espera que la próxima semana sea aprobado y pase a sanción presidencial.
Entre las medidas contempladas está la implementación de la oralidad de los procesos ante los jueces de ejecución de penas y la modernización de los penales en el país.
El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, pidió a los funcionarios del Estado y a los congresistas "que nos ayuden con su asistencia al consejo de política criminal, a las convocatorias que hemos venido haciendo, si seguimos con la tendencia de resolverlo todo por el código penal vamos a mantener un estado permanente de hacinamiento".
El alto funcionario dijo que esta reforma no es al código penal, ni al código de procedimiento penal "hemos tomado las medidas que se pueden tomar para solucionar el hacinamiento, pero no es la solución completa a los problemas carcelarios del país, es una norma que va en la dirección correcta pero aquí no está todo lo que debía estar".
Agregó que "algunos temas son objeto de otra regulación. Aquí hay flexibilización para los subrogados penales y resocialización, un concepto transversal en la ley porque cuando buscamos que personas no sindicadas de delitos graves puedan afrontar el proceso de libertad estamos esperando que esas personas se resocialicen"
Según el jefe de la cartera, este código no ha sido producto de la "improvisación, fue presentado por mi antecesora, fue discutido ampliamente por todas las instancias del Congreso y no surgió de la noche a la mañana, salió de un grupo de la Universidad de los Andes".
Gómez Méndez sostuvo que en un corto tiempo su cartera espera tener unos cuatro o cinco mil cupos nuevos en las cárceles del país, y reiteró que con la aprobación de la ley pueden quedar libres por lo menos unos siete mil reclusos de delitos no graves como la "inasistencia alimentaria, falsedad y prevaricato"
A su turno, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, sostuvo que no cree en la salida de los siete mil recursos prometidos por el gobierno y sostuvo que la medida no es efectiva para descongestionar las cárceles del país.
Por otro lado, el ponente de la iniciativa, Jesús Ignacio García, explicó que en este momento se está presentando una superpoblación de 42.000 internos, y destacó que "el proyecto toma medidas para adoptar la crisis, crea ciudadelas judiciales mediante acuerdos entre el Gobierno, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía".
Los senadores Carlos Baena y Juan Lozano criticaron la iniciativa, porque no resolvía profundamente la crisis carcelaria que tiene el país. "Lo que nos han traído son pañitos de agua tibia para la crisis, es un proyecto incompleto, me parece imperdonable que el proyecto no sea integral al revisar el sistema penitenciario", dijo Lozano.
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