Primeros arrestos en Italia nada más entrar en vigor la ley que penaliza la inmigración ilegal

Fuentes de la jefatura de policía de Pescara (centro-este), han confirmado que la Policía ha arrestado a dos personas de nacionalidad marroquí en situación irregular en Italia, que serán procesadas el próximo lunes.

A estas detenciones se suman numerosas denuncias durante la noche interpuestas contra inmigrantes ilegales en ciudades como Bolonia, Milán o Sanremo, según han informado los medios italianos.

Multas de entre 5.000 y 10.000 euros, cárcel o "retención de los indocumentados" de hasta seis meses por no poseer los papeles en regla y penalización de los italianos que alquilen viviendas a los inmigrantes ilegales son algunas de las disposiciones más fuertes que incluye la nueva normativa italiana que criminaliza a los extranjeros que de forma ilegal se queden en el país mediterráneo, conocido antes por sus pastas o sus monumentos y que ahora aplicará una de las legislaciones más fuertes dentro de la Unión Europea.

La nueva ley, conocida como "paquete de seguridad", fue aprobada por el Parlamento el pasado 2 de julio, no sin polémicas, ya que la introducción del delito de inmigración clandestina encajó las críticas de la oposición, de la Iglesia e incluso del presidente de la República italiana, Giorgio Napolitano.

Esta norma incluye las rondas de ciudadanos para vigilar las calles, aunque varios alcaldes, sobre todo del sur del país, han desaprobado la medida. En cambio, sus homólogos del norte, más industrializado y rico, se han mostrado dispuestos a promoverlas.

Y es que hay quien, a pesar de que el Ejecutivo excluyera ningún tipo de referencia ideológica, no olvida la "Guardia Nacional Italiana", la iniciativa de patrullas promovida por la formación de ultraderecha Movimiento Social Italiano-Derecha Nacional (MSI-DN), heredera del prohibido Partido Fascista, que fue presentada el pasado 13 de junio.

Vigorizar las tropas ciudadanas
Este viernes el diario milanés "Corriere della Sera" publicaba una entrevista con el ministro del Interior, Roberto Maroni, del conservador partido Liga Norte (LN), de corte federalista y con tintes racistas, en la que este defendía su iniciativa de las rondas ciudadanas y anunciaba que se plantea, incluso, rebajar la edad mínima para participar en ellas de los 25 a los 18 años.

"Hay muchos equívocos. Hemos percibido un fenómeno difuso y por esto lo hemos decidido regularizar, dando a los alcaldes la posibilidad, si lo quieren, de organizar estas actividades", comenta Maroni.

Entre la reglamentación que estudia el Ejecutivo italiano para estos grupos de vigilancia ciudadanos se contempla que no puedan estar formados por más de tres personas, que no podrán ir armados, ni llevar perros con correa.

Asimismo, el voluntario que desee patrullar las calles de Italia no podrá tener antecedentes penales, deberá declarar no consumir ni alcohol, ni drogas, ni pertenecer a ningún partido político, y tendrá que aportar un certificado psicológico de la seguridad social.

Aplicación inminente
En Roma, las rondas ciudadanas, que estarán en contacto con la Policía mediante un dispositivo electrónico, no comenzarán a patrullar hasta octubre, en un proceso de aplicación progresivo que les llevará primero a los grandes parques públicos como Villa Borghese o Villa Ada, según explicó hoy el presidente de la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento capitalino, Fabrizio Santori.

Más allá de las rondas ciudadanas, la otra gran cuestión de la nueva ley de seguridad es el delito de inmigración ilegal, que no conllevará penas de cárcel, pero sí multas y una más rápida expulsión, y con la que se obliga a los funcionaros públicos a denunciar a los indocumentados -los médicos y los directores de centros educativos quedan exentos de esa obligación-.

El Gobierno de Berlusconi ha pedido que se abstengan de denunciar a las asistentas de hogar y cuidadores de ancianos que no hayan regularizado su situación en el país, para darles tiempo a que puedan conseguir el permiso de residencia y no sufran las consecuencias de la ley las familias italianas.