Un accidente descubre la realidad de los inmigrantes

Palma, una madre soltera de 53 años, ha vivido y trabajado en Lausana desde 2002 como empleada de limpieza y cocinera. Mandaba parte de su sueldo a Ecuador para mantener a sus dos hijas. El 26 de junio, mientras hacía compras en el centro de Lausana junto a un grupo de ocho personas, recibió el impacto de un coche que se dio a la fuga.

Días después se recuperó en el hospital, tras haber sufrido tres operaciones para reconstruir su tobillo aplastado y en su pierna. Poco después la mujer ecuatoriana recibió una carta oficial de la policía cantonal que le obligaba a dejar el país el 15 de septiembre.

La policía había descubierto su situación irregular al realizar una investigación motivada por el accidente. Su abogado, Jean-Michel Dolivo, sostiene que la actitud de las autoridades fue "extremadamente escandalosa e inaceptable". "Es un acto inhumano de las autoridades ya que la amenaza de expulsión se suma al trauma y al golpe psicológico". Aunque Henri Rothen, responsable de la oficina de población del cantón de Vaud, desmintió que el hecho resultara inhumano. "Efectivamente fue mala suerte, pero ser un inmigrante ilegal sigue siendo algo contrario a la ley", según relató al diario suizo Le Matin. Palma solicitó un permiso 'humanitario', que se concede en casos excepcionales, aunque el proceso sigue siendo realmente difícil.

Una vida mejor

Palma es una de los miles de personas de Ecuador que dejaron su país a principios de esta década buscando una vida mejor. Cerca de 2,5 millones de personas viven fuera del país. Ecuador tiene una población de 14,5 millones. Se estima que unos 20.000 residen en Suiza, el 80 o 90% en situación irregular, en los cantones de Vaud (6.000), Zúrich, Ginebra, Basilea y el Tesino. "Mucha gente vino en masa en 2001 después de que Ecuador adoptara formalmente el dólar como moneda oficial en 2000, lo que causó un efecto catastrófico en la economía y en el empleo", relata Byron Allauca.

Allauca, el coordinador de la Asociación de Ecuatorianos y amigos de Ecuador de Lausana, regularizó su situación en 2003 después de haber vivido en Suiza durante 11 años.
«Hay hipocresía ya que las autoridades saben que ellos trabajan en sectores donde los suizos no quieren hacerlo, como en limpieza, restauración y hostelería, o cuidando a gente mayor. » Jean-Michel Dolivo, abogado

Hipocresía
Freddy Enríquez, de 36 años, y su mujer Verónica, de 35, han vivido en Suiza los últimos nueve años. En 2000 no era necesario contar con un permiso para entrar en el país. Freddy, un electricista titulado, empezó limpiando platos en un restaurante y su mujer trabajó como empleada de limpieza. Aunque ninguno tenía permiso de residencia, ambos fueron registrados de manera oficial por sus empleadores. En 2002 el jefe de Freddy animó a la familia a que regularizara su situación, algo que fue rechazado por Berna.

La pareja considera que la actitud de las autoridades suizas es hipócrita. "Sólo queremos los papeles para poder vivir sin estrés. Nuestra segunda vida está aquí", comentó Verónica al diario Le Temps.

Dolivo añade: "Hay hipocresía ya que las autoridades saben que ellos trabajan en sectores donde los suizos no quieren hacerlo, como en la limpieza, restauración y hostelería, o cuidando a gente mayor".
"No tienen derecho al seguro social o a la prestación por desempleo. Un cierto número trabajan 'en gris' o en la semi legalidad, asegurados por sus empleadores e incluso algunos pagan impuestos, pero muchos tienen una vida precaria y malas condiciones de trabajo", señala el abogado.

La pareja Enríquez está también preocupada por el futuro de sus dos hijos, Daniel de 10 años y Roni de cinco, ambos en la escuela. A no ser que ellos sean tan buenos alumnos como para ir al instituto, la educación obligatoria en Suiza acaba a los 16 años. El aprendizajes no es posible si precisarán el permiso de residencia. "Daniel quiere ser médico, pero intento que cambie de opinión ya que con toda seguridad no podrán realizar sus estudios aquí", dice Verónica. "Pero estaremos aquí para pagar sus estudios".

Necesaria solución

Allauca opina que falta voluntad política por parte de las autoridades para afrontar la inmigración ilegal y cree que la única solución en el futuro será una regularización en masa. "Empleadores y autoridades también tienen una cierta responsabilidad ya que dan trabajo a la gente. Ellos necesitan encontrar una solución". Aunque Philippe Leuba, responsable del Ministerio cantonal del Interior, se opone a la idea de las regularizaciones masivas. "No podemos dar este paso por los 'sin papeles'. Tienen que hacer el proceso de forma individualizada," comentó. En el ámbito federal, la política actual es restrictiva en materia de inmigración y la actitud hacia las regularizaciones en masa es improbable que cambie en el futuro cercano.

Mientras tanto, la vida discurre para miles de ciudadanos ecuatorianos anónimos. "Las cosas más simples siguen siendo inaccesibles: dar permiso a mis hijos para que hagan una excursión escolar; contratar un teléfono, conseguir un trabajo mejor o pasar el examen de conducir".