No obstante, la cifra podría aumentar si se amplía el plazo para hacer frente a los trámites burocráticos necesarios para conseguir el derecho a sufragio para determinados ciudadanos extranjeros. Dicho plazo termina el sábado 15 de enero, aunque las asociaciones de inmigrantes confían que se amplíe unas semanas más.
De hecho, en el mes de diciembre diversos colectivos de inmigrantes se manifestaron y lanzaron un manifiesto contra estas "trabas burocráticas". Así, señalaban que tanto la normativa referida como la práctica efectiva suponían "una verdadera carrera de obstáculos para las personas que quieren inscribirse a fin de ejercer su derecho de voto y generaban la desincentivación de este derecho entre la población migrante".
Además, denunciaban que a pesar de que la mayoría de los convenios de reciprocidad estaban suscritos y en vigor con suficiente antelación, no fue si no hasta el mes de agosto de 2010 cuando se publicó la orden ministerial que establecía el cauce de inscripción en el censo electoral de los ciudadanos acogidos a dichos convenios, estableciendo como plazo para la inscripción el comprendido entre el 1 de diciembre de 2010 y el 15 de enero de 2011, "plazo no sólo exiguo sino trufado de varias festividades esenciales que de facto reduce el tiempo de efectiva inscripción".
Tras estas manifestaciones, el presidente de Fenadee, Juan Carlos Lucero, ha señalado que en las últimas semanas la Administración ha agilizado los trámites de consecución de la documentación y aseguran que las comisarías de Policía expiden con mucha menos demora el documento que acredita la permanencia de aquellas personas que sin tarjeta de residencia tienen que acreditar más de cinco años de estancia continua en España para poder votar.
Precisamente la complicación para conocer los inmigrantes que poseen tarjeta de residencia permanente en España hace difícil saber, incluso para las propias asociaciones extranjeras, el número exacto de personas que puedan ejercer el derecho a sufragio.
Los extranjeros que podrán votar en las próximas elecciones nacionales son los ciudadanos nacionales de la Unión Europea, Noruega, Islandia, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Nueva Zelanda y Chile, gracias a los convenios de reciprocidad firmados entre esos gobiernos y el español.
LOS REQUISITOS
El requisito más importante para poder votar es la inscripción en el Censo Electoral, que se puede realizar en la Oficina del Padrón de los ayuntamientos, en la página Web https://sede.ine.gob.es o a través de correo postal, respondiendo a las tarjetas que el Instituto Nacional de Estadística envió a los ciudadanos comunitarios en octubre y los extracomunitarios en noviembre.
Los ciudadanos de la Unión Europea y Noruega suman, según datos regionales, 384.000 personas en la Comunidad de Madrid, de los que 330.000 tienen derecho al voto por ser mayores de edad. De ellos, 218.184 son rumanos, 33.799 son búlgaros, 28.623 son polacos y 27.961 son italianos. Tienen derecho tanto al sufragio activo como pasivo.
Por otro lado, las personas extracomunitarias y procedentes de países con acuerdo de reciprocidad deben haber residido legal e ininterrumpidamente en España durante al menos los cinco años anteriores a su solicitud de inscripción en el censo, o bien tener un permiso de residencia permanente. Si cumplen los años y no tienen este documento deben pedirlo a las comisarías de Policía.
En el caso de los ciudadanos de Noruega, Islandia y Nueva Zelanda sólo serán necesarios tres años. Además, deben cumplir los mismos requisitos que los ciudadanos de la UE, es decir, estar empadronados, ser mayores de edad y registrarse en el censo.
Estos ciudadanos pueden votar pero no ser elegidos, una diferencia derivada de los acuerdos de reciprocidad firmados por el Gobierno central. El Ejecutivo autonómico calcula que en la Comunidad viven 350.000 ciudadanos extracomunitarios con derecho a voto en estas elecciones municipales. De ellos, 124.491 son ecuatorianos, 71.624 colombianos, 62.645 peruanos, 51.314 bolivianos, 21.277 paraguayos, así como unos 10.000 chilenos.
No obstante, los que pueden cumplir todos los requisitos se reducen a un total de 160.000 personas, una cifra que es aproximada porque se desconoce con exactitud el número de ciudadanos con permiso de residencia permanente. Además, en torno a 145.000 extranjeros se han nacionalizado en España desde el año 2000, según datos regionales.
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