González ha avanzado que el futuro Reglamento de Inmigración "flexibilizará" la renovación de permisos para evitar la irregularidad sobrevenida por la crisis", después de que muchos inmigrantes hayan perdido su puesto de trabajo en sectores como la construcción.
Por ello, el Gobierno plantea que los extranjeros en paro continúen en el país si sus parejas -marido/ esposa o incluso su pareja de hecho- trabajan y cumplen con las premisas económicas establecidas.
Se baja de tres a dos años la exigencia para renovar por arraigo
Entre las medidas que el Gobierno estudia para "facilitar las renovaciones automáticas", también se cuentan la reforma del arraigo social para que los extranjeros en situación irregular puedan obtener un primer permiso de residencia tras probar que han pasado dos -y no tres años, como ahora- en España.
Para obtener el arraigo social los inmigrantes deben demostrar ahora que llevan al menos tres años residiendo en el país, que no tienen antecedentes penales y que cuentan con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario cuya duración no sea inferior a un año en el momento de la solicitud.
Además, tienen que probar vínculos familiares con otros extranjeros residentes o presentar un informe que respalde su inserción social emitido por el ayuntamiento en el que tenga su domicilio habitual.
Por otra parte, el director general de Inmigración ha afirmado que por ahora el Tribunal Constitucional "se ha limitado" a admitir a trámite el recurso del Defensor del Pueblo contra la Ley de Acogida catalana. "Aún no se ha pronunciado sobre si tiene o no fundamento", ha añadido, por lo que ha declinado hacer valoraciones.
La Ley de Acogida, que el Parlament aprobó en abril, ofrecerá un certificado de integración a los inmigrantes que sigan la formación del servicio de primera acogida, que incluye 135 horas de cursos básicos de catalán.
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