En Francia persiguen a voluntarios que ayudan a indocumentados

La voluntaria de 59 años, que participa de diversos grupos de ayuda al inmigrante en el norte de Francia, fue detenida e interrogada durante tres horas antes de recuperar la libertad.

El gobierno francés prohíbe la ayuda a los indocumentados e impone cuotas de arrestos de quienes intentan hacerlo, en su campaña para controlar la inmigración clandestina. El objetivo de este año es 5.000 arrestos.

Las autoridades dicen que la medida apunta a quienes obtienen ganancias de la inmigración ilegal. Pero el episodio descrito es un ejemplo de lo que denuncian las organizaciones humanitarias: un esfuerzo concertado para reprimir las menores muestras de solidaridad con las víctimas de la represión a los indocumentados.
"Creo que se trata de emitir un mensaje fuerte: 'Cuidado. Peligro', y eso es escandaloso", dijo el abogado de Pouille, Bruno Dubout, conocedor de varios casos en que la policía ha interrogado o detenido a voluntarios.

Las asociaciones humanitarias están organizando concentraciones frente a los tribunales de las ciudades principales para el 8 de abril en protesta por lo que llaman el "crimen de la solidaridad".

Un artículo de la ley que rige el derecho de permanencia de extranjeros en Francia dice que quien facilita o intenta facilitar "el ingreso, movimiento o permanencia irregular de un extranjero en Francia" pueden ser castigados con hasta cinco años de prisión y una multa de 30.000 euros. Sin embargo, son pocos los acusados de delito o que pasan tiempo en la cárcel.

El ministerio de Inmigración, creado por el presidente Nicolas Sarkozy en 2007, publica orgullosamente el número de expulsados cada año: 29.796 en 2009, superando ampliamente el objetivo de 26.000. Pero hasta ahora no se había hablado de "cuotas" de arrestos de quienes los ayudan. Un agregado a la ley de finanzas de 2009 fija una cuota de 5.000 arrestos para quienes ayudan a los indocumentados.

El ministro de Inmigración, Eric Besson, dice que la medida es "indispensable" para combatir a los contrabandistas que se benefician con los inmigrantes.

La ley será debatida en el parlamento el 30 de abril.