El Gobierno dice ahora que no perseguirá a quienes acojan a algún “sin papeles”

Lo ha hecho Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, quien en un encuentro informativo en ServiMedia ha señalado que el Gobierno "no va a perseguir" a las ONG que acogen a inmigrantes irregulares. Ni a las congregaciones religiosas que dan calor a la recién parida de la patera. Ni a los particulares de buena fe. "Se ha dado una información y se ha hecho una crítica desenfocadas", sostiene Rumí presta a apagar el fuego. "El Gobierno no va a perseguir en absoluto situaciones de vulnerabilidad ni a las ONG que acogen a irregulares".

Todo parecería un malentendido si no fuera porque el precepto de la discordia existe. Lo rubricó el Consejo de Ministros el pasado 19 de diciembre. La deriva de tintes 'berlusconianos' está en el anteproyecto de la Ley de Extranjería y recoge multas de hasta 10.000 euros para "quien promueva la permanencia irregular en España de un extranjero" (artículo 53.2.c). A estos efectos, "se considera que se promueve la permanencia irregular cuando el extranjero dependa económicamente del infractor y se prolongue la estancia autorizada más allá del plazo legalmente previsto".

El caso es que el amago ha movido una revolución cívica, y que cada ven son más los que están saliendo estos días al grito de "deténganme", sacerdotes que acogen a 'sin papeles', jubilados que han abierto su casa a la hospitalidad, gentes que creen en el recién llegado... Son ya más de 4.000 las firmas recogidas por la Plataforma Salvemos la hospitalidad. Le piden al Gobierno que incorpore al texto normativo la necesidad de "ánimo de lucro" en el infractor para que pueda ser sancionable.

La secretaria de Estado ha recogido el guante: "El Ejecutivo está abierto a cualquier alternativa que perfeccione el texto, y que no sea equívoca, porque no se trata ni de perseguir la solidaridad, ni a una ONG". Julián Ríos, profesor de Derecho Penal, miembro de la plataforma y delincuente de hospitalidad (vive con cuatro sub saharianos clandestinos y lo comparte todo con ellos), sostiene: "Si no cambian este artículo, estas palabras son una falacia. Porque independientemente de lo que diga el Gobierno, tendría que castigarse la solidaridad".