Francia aumenta el número de inmigrantes expulsados

Con la introducción de nuevas restricciones en la política de inmigración y el uso de incentivos a los retornos voluntarios, el gobierno logró superar la meta de expulsiones fijada para 2008, que era de 26.000.

El año pasado, 29.796 inmigrantes fueron obligados a abandonar el país o salieron voluntariamente luego de recibir ayuda financiera del gobierno, según datos del Ministerio de Inmigración.

Esa cifra representa un incremento del 28,5% en relación con 2007, informó el titular de esa cartera, Brice Hortefeux. "Por primera vez en una generación, comenzó a disminuir el número de clandestinos", dijo.

Hortefeux, quien en los próximos días pasará a dirigir el Ministerio de Asuntos Sociales, destacó que el principal cambio ha sido en la cantidad de retornos voluntarios, unos 10.000, es decir aproximadamente un tercio del total.

El aumento de las expulsiones fue criticado por diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos e incluso por sindicatos de la policía francesa, quienes se quejan de recibir presión "para alcanzar las cifras exigidas".

Latinoamericanos
Las expulsiones también han afectado a ciudadanos de diversos países latinoamericanos. Aunque todavía se desconocen las cifras correspondientes al año pasado, en 2007, 1.860 ciudadanos brasileños fueron obligados a abandonar Francia y esa cantidad se refiere sólo a las personas detenidas en las calles sin permiso de residencia y no incluye a quienes se les negó la entrada en los aeropuertos franceses según indicó una portavoz relacionada con organizaciones brasileñas en París.

Según el consulado de Brasil en París, los servicios de inmigración franceses no permitieron el ingreso de aproximadamente 1.800 brasileños que habían llegado por vía aérea en 2007.

Directiva de Retorno
Diversos medios de prensa de Francia relativizaron el número de retornos voluntarios en 2008, "ya que casi la totalidad de las personas que recibieron incentivos financieros para dejar el país son de Rumania y Bulgaria, países que pertenecen a la Unión Europea".

Los ciudadanos de esos dos países todavía no pueden trabajar en Francia y algunos observadores señalan que muchos prefieren recibir los cerca de US$ 400 que les da el gobierno francés para que se vayan, pues saben que, de conformidad a las leyes europeas, nada les impide regresar.

La prensa también ha recordado que durante la presidencia francesa de la Unión Europea, que concluyó en diciembre, Sarkozy también impulsó la adopción de medidas de inmigración más restrictivas para los miembros del bloque, lo que resultó en la aprobación de la polémica Directiva de Retorno, por el Parlamento Europeo, en junio de 2008.

La ley dedicada a los inmigrantes cuya situación no sea legal contempla, entre otras sanciones, la detención de hasta 18 meses y una prohibición de volver a entrar en Europa por cinco años.