El Supremo de Paraguay disipa la crisis institucional al anular polémico fallo

El Supremo anuló este martes un polémico fallo que restituía en sus funciones a dos magistrados destituidos en 2003 a través de un juicio político y que generó una crisis institucional y el rechazo del Parlamento.

El pleno del máximo tribunal decretó esta noche la anulación del fallo emitido por tres jueces de rango inferior que, incorporados a la Sala Constitucional del Supremo, determinaron el 30 de diciembre la reposición en su cargo de los ex magistrados Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadea. El máximo tribunal se había declarado por la tarde en receso tras deliberar durante cinco horas.

La máxima instancia judicial, según informó su presidente, Antonio Fretes, también dispuso la suspensión de los jueces suplentes de la Sala Constitucional Francisco Recalde, Meneleo Insfrán y Florencio Almada.

La controvertida resolución habría permitido cubrir la vacante generada tras el retiro de Wildo Rienzi, en julio del 2007 por haber cumplido la edad máxima de 75 años para ejercer ese cargo, y de José Altamirano, que renunció en agosto de 2009.

La deliberación del Supremo se da tres días después de que el Senado y la Cámara de Diputados en una sesión conjunta de urgencia rechazaran y repudiaran el fallo de la Sala Constitucional y advirtieran a los ministros de la Corte Suprema de que podrían ser sometidos a juicios políticos si avalaban el polémico decreto.

La sesión extraordinaria del Supremo, convocada en plena feria judicial, fue seguida de cerca por una veintena de activistas y legisladores.

La reunión de la máxima instancia judicial contó con la participación de Fretes y de los magistrados César Garay, Sindulfo Blanco, Raúl Torres, Víctor Núñez y Óscar Bajac, mientras que la jueza Alicia Pucheta se encuentra fuera del país.

La suspensión preventiva de Recalde, Insfrán y Almada fue dispuesta también ayer por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, mientras que el juez de feria Nery Kunzle dio curso el lunes por la noche a "una acción autónoma de nulidad" que ha dejado sin efecto el controvertido fallo.

Entretanto, el fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, interpuso un recurso de aclaratoria sobre la medida, al argumentar que los tres magistrados omitieron pronunciarse "sobre aspectos relevantes que conciernen a la disposición adoptada".

Por su parte, el asesor jurídico de la Presidencia, Emilio Camacho, mencionó, antes de conocerse la decisión de hoy del Supremo, que el Ejecutivo seguiría buscando "la mejor opción para conseguir la nulidad" de la disposición y que prefiere "no entrar en especulaciones".

La posición del Gobierno paraguayo fue expresada públicamente el sábado por el propio gobernante, Fernando Lugo, quien en un mensaje al país repudió el fallo y negó que haya tenido injerencia en esa determinación.

La oposición, que controla el Congreso, responsabilizó a Lugo de lo ocurrido porque consideran que la resolución judicial que estableció la restitución de los magistrados sentaría un precedente para la revisión de un eventual juicio político con el que amenaza someter al jefe de Estado.

Esa resolución, que fue calificada como un "golpe jurídico" por varios referentes del Legislativo, también había emplazado al Consejo de la Magistratura para que suspenda el proceso de selección que realiza para cubrir los dos lugares vacantes en el Supremo, de nueve miembros.

La Sala Constitucional deliberó en el caso con magistrados sustitutos tras la inhibición de sus tres miembros natos, que, sin embargo, integraron la Sala para ordenar la inamovilidad de uno de sus miembros y la de un ministro del tribunal electoral en otros fallos no menos controvertidos.

Ríos y Fernández fueron relevados durante la anterior legislatura como parte de un amplio acuerdo político impulsado entonces por el presidente Nicanor Duarte (2003-2008).