Congreso español endurece la ley de extranjería

La norma endurece algunos criterios para la reagrupación familiar y amplía de 40 a 60 días el periodo de retención de extranjeros indocumentados, aunque también amplía algunos derechos laborales.

El texto, que entrará en vigor en los próximos días, volvió a la Cámara Baja después de pasar por el trámite del Senado y salió adelante por un ajustado margen de 180 votos a favor, 163 en contra y tres abstenciones.

El gobierno socialista planteó en junio la modificación de la ley para -argumentó- ajustarla más a la realidad actual y adaptar la inmigración a las necesidades del mercado laboral, muy castigado por la crisis económica.

En España residen 4.5 millones de inmigrantes, el 12 por ciento de la población. Si la tasa de desempleo alcanza el 17.9 por ciento en todo el país, la más alta de la Unión Europea. Entre los extranjeros la tasa de desocupación alcanza según cifras oficiales se sitúa en el 27.5 por ciento, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística.

En el largo camino hacia la aprobación de la reforma, la cuarta que sufre esta ley de extranjería en 10 años, el Parlamento apenas ha introducido cambios y ha mantenido los artículos que despertaron mayor controversia.

Entre los puntos más polémicos, la nueva ley amplía de 40 a 60 días el plazo de retención de los indocumentados que llegan a territorio español. No obstante, el Parlamento introdujo una enmienda que permitirá a asistentes sociales y ONG visitar los centros de internamiento para asistir a los indocumentados.

Además, con el objetivo de frenar la llegada de personas en edad laboral en plena crisis de desempleo, se limita la reagrupación familiar para los ascendientes (padres y abuelos), que sólo podrán venir a España si son mayores de 65 años y si el inmigrante que lo solicite acredita cinco años de residencia legal.

De hecho, para solicitar cualquier reagrupación, el extranjero deberá llevar cinco años en España y no uno, como ocurría hasta ahora.

En el capítulo de ampliación de derechos, el Congreso introdujo una importante enmienda, solicitada por organizaciones sociales, que permitirá a las administraciones públicas y a ONG hacerse cargo de la tutela de los menores inmigrantes que llegan a España sin compañía.

Además, los hijos a partir de 16 años y el cónyuge o pareja de hecho reagrupados dispondrán de permiso de trabajo de forma automática, un beneficio que no existía.

Otro de los nuevos derechos contempla la posibilidad de conceder permisos de trabajo, al menos temporales, a mujeres en situación irregular víctimas de violencia de género.

Durante meses, colectivos y asociaciones de inmigrantes enfrentaron todo tipo de manifestaciones, reun