La Iglesia católica paraguaya considera inoportuno un eventual juicio contra Lugo

El obispo Adalberto Martínez, vocero de la segunda de las cinco jornadas de la 186 Asamblea Plenaria Ordinaria de la CEP, expresó que un juicio político contra Lugo sería "una medida extrema" para el país.

Indicó, además, que las autoridades eclesiales coincidieron en que existe la "necesidad de seguir este proceso democrático iniciado el 20 de abril" de 2008, cuando el ex prelado se impuso en los comicios generales al frente de una coalición de amplio espectro ideológico y puso fin a 61 años de Gobierno del Partido Colorado.

En alusión a algunos legisladores de la oposición que consideran oportuno el enjuiciamiento del presidente, Martínez dijo que la CEP "pide cordura" y que los políticos "sean sabios, prudentes y piensen en el bien del país y en los problemas pendientes para buscar solucionarlos".

Empresarios y dirigentes políticos reflotaron el 26 de octubre pasado la posibilidad de enjuiciar políticamente al jefe de Estado por supuestos hechos de corrupción y por haber afirmado que los ricos de este país se oponen al proceso de cambio que promueve el Gobierno.

El ex candidato presidencial Pedro Fadul, del partido Patria Querida (PPQ), tercera fuerza parlamentaria, tildó en la ocasión de "criminal" el contenido del discurso que Lugo pronunció durante una visita a un barrio marginal de Asunción.

También consideró que las expresiones del mandatario son más graves que las acusaciones de un presunto negocio en un proceso de compra de tierras del Estado, que la prensa atribuye al entorno del presidente y que, según la oposición, es causal de un enjuiciamiento político.

Por su parte, Lugo rechazó cualquier riesgo de un quiebre del proceso democrático paraguayo, al asegurar que las Fuerzas Armadas de su país "no se prestarán a ningún tipo de intentona" o de otros procedimientos para derrocarlo.

La CEP también señaló que no acompañará la marcha que realizarán el sábado próximo grupos de izquierdas, civiles y sindicales afines al Gobierno para apoyar la gestión del Ejecutivo y protestar contra los recortes presupuestarios decretados por el Parlamento para algunos organismos estatales vinculados a la asistencia social.