Los presuntos delitos que el poder judicial independiente y democrático ha visto en las conductas de esos presos son: sedición, rebelión y malversación de fondos, amén de utilización de nombres, direcciones y archivos digitales de la Administración para su propio beneficio y propaganda. Este ultimo delito es tan grave, que los médicos y sanitarios lo tienen asumido y grabado a fuego en su mente y conciencia, pues saben que si lo transgreden pueden ser inhabilitados de inmediato, aparte de sancionados.
Pero los políticos independentistas catalanes, sectarios y xenófobos, que se crecieron al albur de la dejadez del poder del Estado central de España se creyeron tan inmunes que entraron a saco en todo, arrollando leyes civiles y penales. Confiemos que ahora el poder judicial desvele esos delitos que los políticos de la oposición a la Generalitat y del Estado no denunciaron con energía y más a fondo, para conocer de verdad y sancionar a los delincuentes que sean declarados como tales por los jueces y que ahora sólo ostentan prisión preventiva.