Con unos 11 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, los educadores se ven cada vez más en un tortuoso dilema: entre su obligación de educar y las directrices contradictorias –o a veces inexistentes– sobre si deben ayudar a esos estudiantes fuera del salón.
Policías y legisladores en algunos estados quieren que las escuelas ayuden a identificar a inmigrantes ilegales. Las autoridades federales, en cambio, insisten que cada niño tiene derecho de recibir una educación. Grupos de educación nacionales coinciden con las autoridades federales, pero recomiendan que las escuelas no se involucren con los asuntos de ciudadanía de los estudiantes.
A la larga, los adultos en cada salón tienen que decidir por sí mismos. Rich Fischer y Pat Hyland eran administradores escolares en la ciudad de Mountain View en California, sede de Google y otras compañías de tecnología, en el 2000 cuando un estudiante filipino, José Antonio Vargas, estaba por graduarse. Vargas se destacó en el bachillerato, pero no podía ir la universidad por su condición de indocumentado.
“Somos educadores. No trabajamos para las autoridades de inmigración”, refirió el ahora retirado Fischer. Agregó que maestros en todo el país enfrentan los mismos retos y más.
“Creo que de ponerle un número al problema, se revelaría una epidemia trágica”, dijo.
Los maestros en Georgia, donde una nueva ley contra la inmigración ilegal enfrenta demandas jurídicas, han estado apoyando a estudiantes por años de manera similar. Esto mientras el congreso de Alabama recientemente aprobó una ley que requiere que las escuelas reporten la condición inmigratoria de los estudiantes.
Demanda
Diversos grupos de derechos civiles solicitaron el pasado viernes a una corte federal que impida en Alabama la entrada en vigencia de una nueva ley contra la inmigración ilegal.
Medida más estricta
Según la demanda, la ley tiene una trascendencia sin precedentes y rebasa normativas similares aprobadas en Arizona, Utah, Indiana y Georgia.
Si (
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