En la sentencia definitiva del caso, publicado en la página oficial del Poder Judicial, la II Sala Penal de la Corte Suprema condenó a cinco años de prisión a dos inculpados y a cuatro años a otros tres y a todos los otorgó el señalado beneficio.
El caso, conocido como "asalto a la patrulla" y ocurrido el 18 de enero de 1974, consistió en sacar de la cárcel de la ciudad de Quillota, a 100 kilómetros al norte de Santiago, a nueve presos políticos, miembros del Partido Socialista, y masacrarlos en las cercanías de la Escuela de Caballería Blindada, del Ejército.
La versión de las autoridades de la época señaló que "elementos extremistas" atacaron a una patrulla que trasladaba detenidos a la citada escuela.
Entre las víctimas estaban Pablo Gac, alcalde de Quillota hasta el 11 de septiembre de 1973, y Rubén Cabezas, un conocido abogado de la ciudad, cuyos cadáveres nunca fueron encontrados y que, según la versión oficial, habían aprovechado el ataque a la patrulla para fugarse.
Según declaró en el proceso el ex teniente coronel Sergio Arredondo González, uno de los condenados, los cadáveres de ambos fueron subidos a un helicóptero y lanzados al mar frente a la bahía de Quinteros, a unos 150 kilómetros al noroeste de Santiago.
Los cadáveres de las otras víctimas, Levy Arraño, Víctor Fuenzalida, Manuel Hurtado, Hugo Aranda, Ángel Díaz, Osvaldo Manzano y Arturo Poo Prado, fueron sepultados en el cementerio local y durante muchos días, patrullas armadas impidieron acercarse al lugar a sus familiares.
Treinta y siete años después, la Corte Suprema sentenció a cinco años de prisión al mencionado Sergio Arrendondo y al entonces comandante de la Escuela de Caballería Blibndada, Ángel Torres Rivera.
Sergio Arrendondo fue además integrante de la llamada "Caravana de la Muerte", una comitiva militar que entre octubre y noviembre de 1973 recorrió Chile y ejecutó a unos 75 presos políticos que también fueron sacados de las cárceles y masacrados en lugares apartados.
A cuatro años fueron condenados el excapitán Francisco Javier Pérez Egert, jefe de la patrulla que sacó a los presos de la cárcel, el oficial retirado Daniel Walker Ramos y el exsuboficial Leonardo Quilodrán Burgos.
A todos, el máximo tribunal chileno les concedió el beneficio de la libertad vigilada.
En el aspecto civil, el tribunal determinó que los condenados Arredondo González, Pérez Egert y Quilodrán deben pagar de manera solidaria una indemnización de treinta millones de pesos (unos 63.800 dólares) a cada uno de los grupos familiares de las víctimas.
No obstante, rechazó al mismo tiempo una demanda en contra del Fisco de Chile, por razones de incompetencia del tribunal.