En una audiencia de un día ante los jueces, Mejía, que tiene 17 años de carrera militar, exigió el cumplimiento de una resolución del Tribunal Constitucional del año 2002 que ordenó al Estado reincorporarlo a las Fuerzas Armadas e indemnizarlo.
Mejía dijo que había solicitado en el año 2000 un ascenso a general debido a que cumplía con los requisitos, pero que por el contrario fue dado de baja sin explicaciones satisfactorias.
El coronel pidió al comandante general de la Fuerza Terrestre y presidente del Consejo de Generales de la Fuerza Terrestre la reconsideración de esa decisión y que le explicaran las razones, pero días después reiteraron la decisión.
En julio de 2001, mediante un decreto del Gobierno, el coronel fue dado de baja por "otras causas establecidas" en la ley de Personal de las Fuerzas Armadas, las cuales, según el militar, nunca le aclararon.
En marzo de 2002 el Tribunal Constitucional declaró ilegal e inconstitucional el decreto del Gobierno y además ordenó indemnizar a Mejía.
Según explicó el coronel a los jueces, en septiembre de 2010 recibió una liquidación y fue reincorporado a su cargo, pero no lo ascendieron.
En la audiencia también participaron representantes del Estado ecuatoriano, quienes defendieron la forma de actuar de las autoridades, mientras la defensa de Mejía pidió declarar al Estado responsable por violaciones a las garantías y protección judicial.
Después de esta audiencia los jueces de la CorteIDH deliberarán y redactarán una sentencia en un plazo indeterminado.
La Corte IDH, con sede en Costa Rica, es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros del organismo continental.