“Enviamos una comunicación a la ICHR (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) solicitando su asistencia en la evaluación, análisis y consideración de monitoreo y acciones en vista de lo que consideramos leyes violatorias de derechos como la libertad, libertad de movilidad, derecho a un documento de identidad, derecho a la paz, derecho a la libertad empresarial y a la educación, a un ambiente sano, entre otros” explica Carmen Jackie Giménez, especialista en leyes de Derechos Humanos y presidenta de esta ONG.
La puesta en marcha de algunas de estas leyes, según explica, ya están impactando negativamente no solo a la economía, impulsando la violencia y aterrorizando a la población, sino que están afectando a la sociedad.
“Lamentablemente estamos frente a una persona que ocupa la cabeza del Estado, cuyas facultades y credenciales gerenciales, humanas, educativas y socio-morales están muy por debajo de la categorización de un gobernador. La cacería legal contra los inmigrantes, una cacería contra personas por su nacionalidad, religión, grupo social particular; preocupa mucho a los ciudadanos, golpea las libertades expresadas en la primera enmienda constitucional y en los tratados de Derechos Humanos y antidiscriminación, y erosiona los intereses empresariales, que se están quedando sin la mano de obra que tanta inversión les costó formar” concluye.
Su objetivo es, también, hacer un comunicado a la Casa Blanca, solicitando al presidente Biden la apertura de una sede de vigilancia y monitoreo de los Derechos Humanos en Florida.
¿A qué leyes hacen referencia?
El próximo 1 de julio entrarán en vigor en el Estado de Florida hasta 200 nuevas leyes.
Una muy impactante, la HB 543 que permite portar armas libremente, sin necesidad de comprobar los antecedentes ni entrenamiento específico para poder ser usadas. “Ya la violencia en Florida durante esta fatal administración ha escalado aceleradamente, tememos que esta medida impulse la violencia aún más, según reclama USA Refugees & Immigrants. De hecho, la SB 214 apoya esto prohibiendo a las tarjetas de crédito catalogar la compra de armas con un código diferente que alertara de la misma.
La medida más crítica es la contenida en la ley SB 1718 que impondría penas a quienes contraten a personas indocumentadas, crea una junta que supervisa a empleadores y empleados, castiga la movilidad entre estados y a las ONGs y ciudades que deseen otorgar un documento de identidad “esta ley promueve el éxodo de trabajadores y amigos que se sienten aterradas porque, de regresar a sus países, serían severamente castigados, torturados, asesinados. Es una vergüenza que los representantes reconozcan públicamente, que es una ley promovida para generar miedo entre los inmigrantes” comentan desde la ONG.
(CN-05)
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