Esa estrategia de presión coincide, además, con la exigencia de los partidos independentistas catalanes de que se busque una "solución" ante las causas abiertas por ese órgano administrativo por el procés y que supondrá el embargo millonario a antiguos altos cargos de la Generalitat. El jueves, el Tribunal Supremo rechazó los recursos del expresident de la Generalitat Artur Mas, tres exconsellers y otros cuatro ex altos cargos contra la sentencia del ente fiscalizador que les obligó a pagar 4,9 millones de euros por los fondos públicos destinados a la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Y eso que ni el expresident ni sus antiguos colaboradores fueron condenados por malversación por la Justicia ordinaria.
En Moncloa niegan tener por ahora un plan para actualizar ese organismo profundamente politizado, aunque admiten que el proceso administrativo contra decenas de dirigentes independentistas perjudica la reputación de España fuera. Una treintena de premios Nobel secundaron un manifiesto de apoyo al exconseller de Economía Andreu Mas-Colell, a quien el tribunal reclama 2,9 millones de euros.
"Vamos a esperar antes de anticiparnos a ninguna medida o actuación que pudiera corresponder", respondió la portavoz, María Jesús Montero, este martes. Entre las opciones que tiene el Gobierno está la modificación de la ley para rebajar la mayoría necesaria para elegir a los miembros del Tribunal de Cuentas, como se planteó inicialmente con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –una idea que finalmente se tuvo que aparcar por el rechazo de las instituciones europeas–, o limitar su capacidad cuando esté en funciones, como finalmente sucedió en ese caso.
Pero el Ejecutivo descarta tomar cartas en el asunto por ahora y se faja en trasladar la responsabilidad al PP, al que exige que abandone las "excusas variopintas" para bloquear la renovación de organismos para los cuales su concurso es fundamental. Esta semana Sánchez acusó a Casado de "incumplir la Constitución todos los días" y se mofó del argumento de la despolitización que esgrime en su negativa a pactar con el Gobierno la renovación de esos órganos. "¿Cómo es posible entonces que una exministra de José María Aznar sea la que resuelva los expedientes del Tribunal de Cuentas?", le preguntó en el debate parlamentario del miércoles. "¿Y a mí qué me dice?", le respondió el jefe de la oposición desde su escaño.
Las exigencias de Casado
La teoría de la dirección del PP es, en cambio, que quien bloquea esas renovaciones es el Gobierno por no aceptar sus exigencias: que Unidas Podemos, uno de los socios del Ejecutivo, no pueda elegir a ningún miembros de esas instituciones y que el Ejecutivo se comprometa a cambiar la ley para, según el líder del PP, garantizar "la independencia judicial" y que "los jueces sean elegidos por los propios jueces" en el caso del CGPJ. Pese a haber gobernado España durante 14 años, los populares nunca han impulsado ninguna modificación de esa normativa desde la Moncloa y, hasta la llegada de Pedro Sánchez, cuando vieron amenazada la mayoría conservadora de esos órganos, siempre han llegado a acuerdos con el resto de partidos para repartirse los distintos puestos.
Pese a ello, Casado realizaba el pasado lunes la siguiente reflexión: "El PP no ha bloqueado nada, ni el Tribunal de Cuentas ni el Defensor del Pueblo ni el CGPJ". Pero, en el mismo discurso, reconocía haberse levantado de la mesa de negociación con el Gobierno hasta en tres ocasiones porque no le gustaban los candidatos propuestos por la izquierda para esos organismos. El bloqueo del PP ha provocado, por ejemplo, que el Poder Judicial lleve tres años en situación de interinidad controlado por la misma mayoría conservadora que se eligió por consenso de populares, PSOE, IU y PNV, en 2013, cuando el partido de Casado tenía mayoría absoluta.
Ese control conservador también se traduce en los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo que realiza ese CGPJ que representa la correlación de fuerzas de hace ocho años. Algo similar sucede con el Constitucional y con el Tribunal de Cuentas, que debe renovarse en dos semanas pero que el PP, que cuenta con la mayoría de los consejeros de dicho organismo, tiene también previsto bloquear aduciendo unos supuestos "ataques" por parte del Gobierno –al que constantemente acusa de querer instaurar un "nuevo régimen" y una suerte de "dictadura" en España– al órgano fiscalizador por sus recientes pesquisas sobre los dirigentes independentistas. "Pero, ¿esto qué es? ¿Esto es Venezuela, es Nicaragua, es Cuba?", se preguntó el lunes Casado por esas reticencias manifestadas por ministros como José Luis Ábalos o Irene Montero.
Los populares no tienen ninguna prisa por renovar el Tribunal de Cuentas pese a la urgencia de los plazos. Y, como excusa, Casado insiste en hablar de un "asalto" por parte del Gobierno a dicho organismo por criticar las decisiones sobre los ex altos cargos catalanes. "Además de darles indultos pretende que paguemos su malversación y corrupción asaltando el Tribunal de Cuentas, como ya ha hecho con la Fiscalía, el Consejo de Estado, la CNMV, la CNMC y pretendió hacer con el Consejo General del Poder Judicial. No tiene límites. Y además amenaza ostensiblemente para que se sepa que están dispuestos a romper todas las reglas, incluso el procedimiento constitucional de elección", le dijo el líder del PP a Pedro Sánchez el miércoles durante el Pleno del Congreso.
Qué dicen los argumentarios del PP
"Lo que no le gusta a este Gobierno lo pretende cambiar. Lo intentó con el CGPJ y ahora su objetivo es el Tribunal de Cuentas. El Gobierno no tiene límites, pero no aceptamos presiones. Nos debemos a los españoles. Sánchez pretende que los ciudadanos paguen la malversación de los separatistas. Esto es el sanchismo: a los ciudadanos les sube los impuestos y a sus socios delincuentes les quiere regalar el dinero robado", sostiene la dirección del PP en sus argumentarios internos, las consignas que envía cada día a todos los cargos del partido para que las repitan en sus comparecencias públicas. Todo ello para justificar el bloqueo de los populares a renovar el Tribunal de Cuentas.
Lo que argumenta la dirección de Casado es que "a los independentistas lo único que les preocupa es su cuestión económica, la de su bolsillo, por el temor a pagar los 5,4 millones de euros que ha supuesto de desfalco para las arcas públicas su defensa del proceso soberanista. Y esa preocupación es la de Sánchez, que tiene que compensarles para seguir en La Moncloa: quitar las piedras del camino para que no tengan que pagar lo que ha establecido el Tribunal de Cuentas".
La negativa de Génova a renovar esas instituciones que requieren el apoyo de tres quintos del Congreso y/o el Senado afecta ya a varios organismos, pero no ha sido constante desde que Sánchez está en Moncloa. Casado se ha avenido a negociar con el Gobierno en dos ocasiones el paquete conformado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde noviembre de 2018; el Defensor del Pueblo, pilotado por el adjunto, Francisco Fernández Marugán, desde que venció el mandato de Soledad Becerril en julio de 2017; y cuatro vocales del Tribunal Constitucional, cuyo plazo expiró en 2019.
La primera negociación la dinamitó el propio PP cuando los vocales estaban ya compareciendo en las Cortes al filtrarse un WhatsApp del entonces portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que se jactaba de controlar a los jueces "por la puerta de atrás". Manuel Marchena, que iba a presidir el CGPJ, renunció. En 2021, las conversaciones se retomaron y, cuando de nuevo estaban a punto de cerrar un acuerdo, el PP se descolgó por el veto a Unidas Podemos. Previamente habían cerrado un acuerdo para el consejo de administración de RTVE.
El control conservador del Supremo
Esos órganos están operando con una composición que refleja una mayoría parlamentaria que no existe en España desde hace años. El Poder Judicial se configuró tras la victoria arrolladora de Mariano Rajoy en 2011, por lo que la derecha tiene un peso en el órgano de gobierno de los jueces que no se corresponde con el actual resultado de las urnas. Ese CGPJ es el que ha nombrado a los nuevos magistrados del Supremo desde su última renovación, en 2013.
En los últimos 25 años la derecha se ha empleado especialmente a fondo para garantizarse el monopolio conservador de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, que es la que juzga a los aforados –diputados, senadores y representantes en los distintos parlamentos, así como miembros de los gobiernos– en todos aquellos casos que les pueden llevar a prisión. Con ese fin, el PP realizó un trabajo lento, metódico y eficaz, que inició el exministro Federico Trillo y que después otros continuaron, como Ángel Acebes, Alberto Ruiz Gallardón o Rafael Catalá. Les llevó años de movimientos judiciales en la oscuridad, pero su triunfo ha sido arrollador. En 1995, la Sala de lo Penal estaba formada por 13 jueces: siete progresistas, seis conservadores. En el año 2021, son 11 conservadores frente a dos progresistas.
Todos ellos son los jueces que tendrán la última palabra sobre los grandes casos de corrupción que afectan directamente al Partido Popular, como Gürtel, Púnica, o la Operación Kitchen, la trama impulsada desde el Gobierno de Mariano Rajoy para tratar de destruir pruebas que pudieran incriminar al PP precisamente en la Gürtel, y por la que esta última semana han declarado la exsecretaria general María Dolores de Cospedal, su marido, su exjefe de Gabinete y el propio excomisario José Manuel Villarejo, todos ellos imputados en la causa.
El Gobierno acusa al PP de bloquear la renovación porque las mayorías vigentes "le benefician". Antes de que el Parlamento aprobara la reforma para limitar sus funciones, el Poder Judicial ha hecho decenas de nombramientos que suponen el ascenso en la carrera judicial de magistrados y lo ha hecho con una mayoría conservadora, al igual que la emisión de informes polémicos sobre leyes de la coalición, como la de Memoria Histórica o el "solo sí es sí", aunque en este caso lo hizo por unanimidad.
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