La Consejería de Políticas Sociales será la encargada de determinar, a través de la Inspección, si "ha habido algún tipo de incumplimiento", según ha informado el vicepresidente del Gobierno, Pedro Rollán, tras el Consejo de Gobierno. "Se verificará por parte de los instructores si se ha cometido algún tipo de actividad al margen de la ley y se actuará", ha asegurado.
La investigación se ha iniciado a raíz de la denuncia presentada por Eduardo Rubiño, diputado y miembro de Más Madrid en el Registro General de la Comunidad de Madrid. Otras organizaciones, como el Observatorio de la LGTBIfobia preparan también denuncias para exigir la actuación del Gobierno regional contra unas terapias que están recogidas como infracciones graves en la ley autonómica aprobada por el Ejecutivo de Cristina Cifuentes y son susceptibles de multas de hasta 45.000 euros, según la normativa.
Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales precisan que la actuación del Gobierno se limitará a "sanciones administrativas" contempladas en la ley, y no al "cese de la actividad", si tuviera lugar. "Eso lo tendrá que decidir un juez", apuntan las mismas fuentes.
"Según la información que hemos conocido parece que en el entorno del obispado se está realizando un seminario, una charla o un tratamiento", ha dicho el vicepresidente ante las preguntas de los periodistas. Rollán no ha entrado a valorar estas terapias ilegales y ha contemplado la posibilidad, a la espera de la investigación de que de ellas sea responsable "una clínica particular".
Sofía Pérez Mendoza
Fuente: eldiario.es