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Marta Bosquet, presidenta del Parlamento andaluz.
Marta Bosquet, presidenta del Parlamento andaluz.

El Parlamento andaluz veta la solicitud de Vox y le niega los nombres de los funcionarios de violencia de género

miércoles 27 de febrero de 2019, 16:36h

27FEB19 – MADRID.- Todos los grupos con representación en la Mesa de la Cámara, excepto Vox, han rechazado tramitar la petición del partido ultraderechista que buscaba "depurar los informes ideológicos" de la Junta sobre mujeres maltratadas. PP y Cs han propuesto corregir la solicitud de Vox, eliminando los nombres pero aceptando proporcionarles los cargos y sus currículum, pero el bloque de izquierdas votó en contra.

Vox no tendrá acceso al listado de nombres y apellidos de los empleados de la Junta que evalúan la violencia de género. La Mesa del Parlamento andaluz, órgano de dirección de la Cámara, no ha admitido a trámite la solicitud del presidente del grupo ultraderechista, Francisco Serrano, que la semana pasada reclamó por escrito los nombres de estos funcionarios con el objetivo de "depurar" supuestos informes "ideológicos". La iniciativa chocaba de lleno con la Ley de Protección de Datos.

La petición ha sido rechazada por unanimidad de todos los grupos representados en la Mesa, a excepción de Vox, según fuentes próximas a la reunión que está teniendo lugar esta mañana. PP y Ciudadanos han propuesto "corregir o reformular" la solicitud del partido de Santiago Abascal para "ajustarla a derecho". La alternativa que los socios del Gobierno andaluz le han planteado a su aliado de investidura pasaba por "modificar la petición", de modo que no se le proporcionarían los nombres de los empleados públicos, pero sí los cargos y su perfil de cualificación profesional. Esta propuesta tenía el aval previo de los letrados de la Cámara. El PSOE y la coalición Adelante Andalucía (Podemos-IU) la han rechazado de plano, porque consideraban que era una fórmula para "salvarle las vergüenzas" a Vox, pero si la alternativa no ha prosperado es porque la propia formación ultraderechista tampoco ha aceptado reformular su solicitud.

Sin embargo, Vox ha tropezado en un error de coordinación entre sus parlamentarios a la hora de fijar su posición en la Mesa. Mientras en la reunión, su diputado Manuel Gavira rechazaba "reformular" la petición sobre los nombres de los funcionarios de violencia de género, fuera (y casi simultáneamente), el portavoz adjunto del grupo, Rodrigo Alonso, afirmaba justo lo contrario. "Si ese es el problema, nos plantearíamos reformular la petición. Valdría con obtener la titulación y la experiencia de estas personas para saber si están cualificadas para el desempeño de una tarea que no debe hacer cualquiera", dice Alonso.

Al ser preguntado sobre quién puede evaluar a estos funcionarios, el diputado de Vox ha propuesto el nombre de Fernando Chacón, vicepresidente primero de los Colegios Oficiales de Psicólogos. La formación de Abascal baraja ahora volver a registrar la misma petición al Parlamento, pero sin los nombres, aunque tampoco sería aceptada la reclamación del número de colegiado, "porque eso también sirve para identificar a un trabajador", explican fuentes parlamentarias. Por su parte, el portavoz del PP en la Cámara, José Antonio Nieto, ha defendido el veto de la Mesa a la petición de Vox para proteger los datos personales, y añade: "Si se solicitan datos que sea para centrarse en los resultados de su trabajo, y no en información personal".

La Mesa del Parlamento es un órgano integrado por siete miembros con voz y voto, donde el bloque conservador (PP, Cs y Vox) suma cinco votos, mientras que el bloque de izquierdas (PSOE) tiene dos. Adelante Andalucía se quedó fuera tras rechazar el sillón que le ofreció la formación naranja, y ahora tiene un miembro con voz, pero sin voto. La Cámara está presidida por la diputada naranja, Marta Bosquet, que ha insistido en su idea de corregir la petición de Vox para admitirla a trámite. La diputada del PP y vicepresidenta de la Mesa, Esperanza Oña, ha defendido también esta alternativa, pero no han logrado convencer al portavoz de la ultraderecha, Manuel Gavira.

El miércoles de la semana pasada, aprovechando el primer Pleno ordinario en el Parlamento, y haciendo uso del artículo 7 del reglamento, el diputado y juez en excedencia Francisco Serrano, presentó en el registro de la Cámara un escrito en el que solicita a la presidenta del Parlamento "una relación detallada con los nombres y apellidos" de los trabajadores públicos de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal, adscrito a la Oficina Judicial y Fiscal de la Junta (competencia de Ciudadanos en el Ejecutivo). Es decir, los empleados públicos (en su mayoría funcionarios) que elaboran los informes sociales y psicológicos sobre mujeres víctimas de malos tratos, que luego sirven como atenuante en los juzgados, si las mujeres deciden denunciar a su agresor, y que también son tenidos en cuenta por la Junta a la hora de conceder ayudas públicas a mujeres agredidas por sus parejas.

El director del Consejo de la Transparencia, Manuel Medina, advirtió el martes tras una visita a Bosquet que la solicitud de Vox podría "entrañar un riesgo para la seguridad de los funcionarios de violencia de género". "Si yo hiciera un informe pericial acreditando lesiones graves contra una mujer y saliera a la luz mi nombre como autor de dicho informe, yo no estaría tranquilo", explica Medina a eldiario.es/andalucia.

El objetivo, según admite la propia formación ultraderechista, es "depurar los informes ideológicos" que, según ellos, elaboran estos trabajadores. "La finalidad de esta petición no es otra que saber quiénes de estos trabajadores están realmente cualificados para atender a las mujeres víctimas de malos tratos y quiénes son meros agentes políticos de la izquierda dedicados a potenciar y promocionar la industria del género”, dice Serrano. El diputado, que también hoy será evaluado por la Comisión del Estatuto del Diputado para ver si su escaño es compatible con el despacho de abogados que dirige, ha escrito un libro donde carga contra la "ideología de género". El líder andaluz de Vox, portavoz en la Comisión parlamentaria de Igualdad, denuncia que hay "empleados públicos sin capacidad profesional y sin estar colegiados", cuyos informes afectan a "la custodia de menores" en casos de violencia de género.

La petición de Vox al Parlamento andaluz ha levantado una tormenta política enorme, que ha derivado en un contraataque del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla a la anterior Administración socialista de Susana Díaz, a quien acusan de haber dejado sin gastar más del 70% del presupuesto de una partida destinada a erradicar la violencia de género en los últimos tres ejercicios.

Daniel Cela

Fuente: eldiario.es

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