La presencia de tropas de la Fuerza Nacional brasileña es notoria en las inmediaciones del puesto fronterizo de Paracaima, antes incluso de la llegada de los refuerzos prometidos el domingo por el presidente Michel Temer, quien convocó a nuevas reuniones ministeriales para "buscar soluciones" a esa situación, reseñó AFP.
El ministro-jefe del gabinete de Seguridad Institucional, Sérgio Etchegoyen, aseguró que la zona estaba "más tranquila", con tensiones, pero sin "perspectiva de conflicto".
Así y todo, la gobernadora de Roraima, el estado amazónico limítrofe con Venezuela, pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) que suspendiera la entrada de inmigrantes y que acelerase su distribución por los otros 26 estados del país.
Una juez de la corte suprema había cancelado el pasado 6 de agosto una decisión de una magistrada federal, aplaudida por la gobernadora Suely Campos, de suspender la entrada por tierra de venezolanos.
"Cerrar la frontera es impensable porque es ilegal. La ley determina acoger refugiados e inmigrantes en esa situación", dijo el ministro-jefe del gabinete de Seguridad Institucional, Sérgio Etchegoyen. "Es una solución que no ayuda en nada a la demanda humanitaria".
Los ataques del sábado se desataron tras la agresión a un comerciante brasileño, que resultó herido. Familiares de la víctima responsabilizaron a los inmigrantes y decenas de vecinos de Pacaraima, en represalia, atacaron los dos principales campamentos improvisados de los venezolanos y quemaron sus pertenencias. Unos 1.200 huyeron, cruzando la línea divisoria de vuelta a su país.
Recuerdos traumáticos
Los recuerdos de esos incidentes son traumáticos y muchos vendedores de comida o cambistas de dinero que cruzan a diario desde la ciudad venezolana de Santa Elena de Uairén aseguran que nunca vieron algo parecido.
"Nos fuimos asustados, no sabíamos lo que iba a pasar", dijo un cambista, que prefirió no revelar su identidad.
"Pagamos justos por pecadores. Nosotros no tenemos la culpa de que nuestro gobierno esté haciéndolo mal", lamentó Jorge Idrogo, un venezolano de 22 años, que sustenta a su familia vendiendo comida del lado brasileño.
El coronel Zanatta, comandante de la base de Pacaraima de la Operación Acogida, estimó que este lunes se registrarán unos 900 venezolanos en el centro de recepción de esta localidad amazónica.
Pacaraima, una localidad de unos 12.000 habitantes, ha sentido el impacto de la ola migratoria en los últimos tres años con un aumento de 10% de la población, la mayoría en situación de calle.
La jornada coincide con el inicio de la reconversión monetaria en Venezuela decidida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro con nuevos billetes que restan cinco ceros al bolívar, en un intento de paliar los efectos de la inflación. Sin embargo, hasta inicios de la tarde no se veían los nuevos billetes en Pacaraima y los cambistas seguían operando con los bolívares viejos.
Tensiones regionales
Entre los convocados para la reunión de este lunes por Temer figuran el ministro de Defensa, Joaquim Silva e Luna; el de Derechos Humanos, Gustavo Rocha; y el de la casa Civil (jefe de gabinete), Eliseu Padilha.
El domingo, el mandatario conservador anunció el envío de 120 efectivos de la Fuerza Nacional y de 36 voluntarios para atender el área de la salud.
La gobernadora Campos afirmó que las medidas adoptadas por el gobierno de Temer "aliviarán el impacto" para la población, "pero no resuelven el problema".
Y recordó que su estado solicita desde hace más de un año a Brasilia más recursos económicos, sanitarios, policiales y educativos para enfrentar la ola de venezolanos que huyen de la grave crisis económica, política y social que vive su país.
Entre abril y junio de 2018, 690 venezolanos fueron transferidos a otros ciudades del país, entre ellas Sao Paulo (265) y Manaos (165), como parte del proyecto gubernamental de desahogar Roraima.
La creciente ola migratoria está generando tensiones y ha empujado a algunos países de América Latina a adoptar medidas de contención.
Brasil no es el principal destino elegido por los venezolanos. Pero sí es uno de los pocos países de la región que no les exige pasaporte para ingresar.
La Organización de Naciones Unidas calcula que 2,3 millones de venezolanos dejaron su país en los últimos años.