El actual régimen legal del país árabe permite a los empleadores diferentes tipos de maltrato como confiscar pasaportes de sus trabajadores, prohibirles vacaciones, cambiar sus obligaciones y cortarles las comunicaciones. La organización de derechos humanos Human Right Watch señala que estas condiciones representan un caso de auténtica esclavitud moderna.
Tras estallar el escándalo por la muerte de Demafelis, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, prohibió el envío de más trabajadores de su país a Kuwait. En la actualidad hay más de 250.000 empleados filipinos en ese país árabe y se estima que por lo menos dos millones más trabajan en países del Golfo Pérsico, en donde también se han informado situaciones de abuso. Los ingresos que aportan los 10 millones de trabajadores en el extranjero, que significan la décima parte de la población de la nación, son fundamentales para la economía local de Filipinas, según reporta el Banco Central de este país. Pese a conocer los abusos, los filipinos continúan trabajando en el exterior para poder mantener a sus familias.
En general, los cargos que ocupan los filipinos son los de choferes y empleadas de servicio. Rothna Begum, de Human Rights Watch, le dijo al diario inglés The Guardian que “en muchas casas estas mujeres no tienen absolutamente ningún estatus. Simplemente son compradas”. En 2015 esta organización reportó que muchas mujeres filipinas que habían dejado su país por trabajar para una familia real saudita nunca habían regresado a sus hogares. “Al menos las embajadas de Filipinas brindan refugio a mujeres que intentan escapar de la explotación y el abuso. Mujeres de otros países están absolutamente solas”, añadió Begum. Los abusos van desde exceso de trabajo hasta quitarles la comida y el agua a sus empleadas. En varios testimonios algunas víctimas han señalado que solo podían tomar agua de los inodoros y comer comida de perros.
Pero los países árabes no son los únicos en atropellar a empleados filipinos. En 2017, Brasil, que cuenta con la mayor cantidad de empleadas domésticas en el mundo, también informó casos de maltrato a trabajadores filipinos. Pese a que el país sudamericano cuenta con una nueva y fuerte legislación sobre las empleadas domésticas para proteger sus derechos, las empleadas extranjeras continúan sufriendo abusos ya que llegan al país por medio de agencias especiales de servicios que no reparan en el cuidado de sus empleados.
Los gobiernos de Filipinas y Kuwait pactaron un borrador de protección laboral de migrantes tras conocerse los terribles abusos que sufrían trabajadoras filipinas en el país árabe. Los funcionarios del Filipinas exigen que se les permita a las empleadas portar sus pasaportes y además tener teléfonos personales para pedir auxilio en caso de abusos.
Con la condena de los asesinos de Demafelis y este pacto se espera que se calmen las relaciones entre los dos gobiernos, aunque Duterte se ha mantenido firme en su decisión de no enviar más empleados a los países del Golfo Pérsico.