La protesta convocada por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Santiago exigió también al Ejecutivo una medida extraordinaria para regularizar a más de 200.000 inmigrantes indocumentados, entre los que figuran 33.000 niños en situación de irregularidad, denunciaron.
El Gobierno anunció para primera hora del lunes la firma del proyecto de ley que busca modernizar la actual ley migratoria, que data de 1975, decretada por el dictador Augusto Pinochet (1973-1993) y que se enfoca en la "seguridad del Estado".
Esta propuesta, que fue uno de los pilares del programa electoral de Bachelet en el 2013, lleva meses de retraso y se ha pospuesto en diversas oportunidades, provocando incluso la renuncia del director de Extranjería, Rodrigo Sandoval, y la interpelación al ministro del Interior, Mario Fernández, el 5 de setiembre próximo.
"El proyecto anterior tenía cosas que para nosotros son impresentables", declaró al medio Emol el secretario general de la Coordinadora, Rodolfo Noriega.
El dirigente aseguró que las organizaciones que promueven los derechos de los migrantes no aceptarán medidas "de orden restrictivo", un hecho que les preocupa, ya que no conocen el fondo del documento que iniciará su tramitación el lunes.
"Eso sería un serio retroceso que le hará daño al país", advirtió, respecto de la deuda "histórica" de Chile con los extranjeros residentes, que han aumentado considerablemente los últimos años.
El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, señaló en julio pasado que esta nueva ley migratoria será "más responsable con los inmigrantes y con el país" que la anterior, pero no dio detalles de su contenido.
La inmigración latinoamericana hacia Chile se ha cuadruplicado desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet.
Actualmente, residen en el país cerca de 500.000 extranjeros (de una población de 18 millones), el 89,5 % de ellos procedentes de países de la región.