22 de febrero de 2017. Todos los grupos de la Cámara acuerdan investigar cómo se gestó la crisis inmobiliaria que, elucubran, empezó en el año 2000. La Comisión arrancará dentro de dos meses y durará como mínimo medio año. España tiene así casi ocho años después de que comenzara su calvario económico una comisión parlamentaria que investigue a fondo cómo se gestó la recesión, qué errores políticos se cometieron y si el rescate de instrumentó de la mejor forma posible.
El deseo de la oposición por crear una comisión de investigación, emulando en cierta forma a la que tuvo lugar en Estados Unidos, viene de lejos. Pero la primera legislatura del rodillo de Mariano Rajoy havía esquivado cualquier intento de abrir una investigación así. Pero la contínua marejada judicial respecto a las Cajas de Ahorro y a la salida de bolsa de Bankia han hecho que la necesidad de investigar la crisis financiera en España no haya perdido vigencia y todos los grupos políticos, incluido el PP, hayan pactado en una transaccional echar a andar una comisión de investigación en sede parlamentaria. La votación ha sido unánime con 330 votos a favor.
Ciudadanos ya había intentado en varias ocasiones que la mesa del Congreso instara a una comisión similar. Y Unidos Podemos también había pedido una investigación seria de la gestión del rescate a la banca. Finalmente, los dos grandes grupos han pactado la creación de la Comisión con una condición: el PSOE (que en un primer momento solo quería investigar lo sucedido en Bankia) no quiere que se investiguen solo los años del rescate, donde se pondría el solfa la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero y su equipo económico. Así, ha puesto sobre la mesa la condición de que se investigue también la formación de la burbuja inmobiliaria. Aunque el texto pactado en la transaccional no fija un año, fuentes socialistas datan en el año 2000 el comienzo de las investigaciones. Esto abarcaría el último mandato de José María Aznar y la posibilidad de desmontar el supuesto milagro económico obrado por el ahora enjuiciado Rodrigo Rato.
El PP ha terminado secundado la transaccional, habida cuenta de que la Comisión iba a salir en cualquier caso. Los procesos judiciales ya han tratado con suficiente dureza a Rato y en teoría el foco debería centrarse en la negación inicial del problema en las Cajas de Ahorros y la decisión de la salida a bolsa de Bankia que precipitó la petición del rescate a Bruselas. Zapatero, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO) y Elena Salgado parece que son los que más tienen que perder en cuanto a petición de responsabilidades políticas, ya que fueron los últimos en dar el 'ok' a la salida de bolsa de Bankia.
La reciente publicación del balance del Tribunal de Cuentas con el dinero perdido, por el momento, en el rescate a la banca y la imputación de MAFO y el resto de la cúpula supervisora del Banco de España han sido el último revulsivo necesario para que esta comisión eche andar. La composición también ha favorecido a Ciudadanos, premiando su existencia. El PP tendrá cuatro diputados; el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos tres, el grupo Mixto dos y PNV y ERC uno cada uno.
A largo plazo
La comisión tendrá que empezar dentro de dos meses para oxigenar a los grupos más pequeños que ya participan en la comisión de investigación abierta a Jorge Fernández Díaz. La previsión es que arranque en mayo y como mucho coincida con los coletazos finales de la investigación al exministro de Interior.
Alberto Garzón, que ha negociado la transaccional por parte de su grupo, ha insistido en que la Comisión tuviera una duración suficiente para poder profundizar en un periodo tan extenso de tiempo. La de EEUU (que apenas investigó dos años de crisis) duró casi un año, una investigación que abarque hasta un cambio de siglo y tres lustros va a suponer un desafío para los parlamentarios.
Como ejemplo, la comisión de investigación del 11-M duró diez meses, cuando solo investigaba los acontecimientos de ese día concreto. En aquella comisión comparecieron el expresidente Aznar y el presidente en aquel momento, Zapatero.
Los diputados aseguran que todavía no han tratado del tipo de testigos que llamarán a comparecer pero que no hay límites. Si los presidentes de la época tienen que personarse en la comisión los llamarán, aseguran.
La comisión discurrirá paralela a las sentencias de los múltiples procesos judiciales abiertos por mala administración de las Cajas de Ahorros y otras tropelías en el sistema financiero. Desde el caso de las tarjetas black, que está listo para sentencia, hasta la decisión de llevar el caso Bankia a juicio o las sentencias de los otros juicios en marca por la gestión de las cajas de Catalunya o Galicia. También con una posible apertura de juicio a Rodrigo Rato por la investigación de sus supuestos negocios en paraísos fiscales.
Belén Carreño
eldiario.es
Creative Commons