Critican a gobierno por decretos que promoverían impunidad

Abogados de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y del Instituto de Defensa Legal (IDL) advirtieron que la norma dada tiene "nombre propio" y tiene como objetivo beneficiar a violadores de los derechos humanos, entre ellos el ex presidente Alberto Fujimori, condenado el año pasado a 25 años de cárcel por dos matanzas cometidas por un escuadrón de aniquilamiento del ejército durante su gobierno (1990-2000).

En la víspera, el ejecutivo publicó en el diario oficial El Peruano cuatro decretos legislativos que expidió en uso de las facultades legislativas que le delegó el congreso.

Uno de ellos el decreto legislativo 1097 señala entre otras cosas que la convención internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes contra los derechos humanos sólo surte efecto recién a partir de noviembre del 2003, además establece el sobreseimiento de casos por exceso de tiempo transcurrido, dijeron los abogados de IDL."Solamente en el caso peruano se va a considerar como crímenes de lesa humanidad los crímenes cometidos luego del año 2003, es un verdadero disparate jurídico... El objetivo de esta norma es excluir de la calificación como crimen de lesa humanidad a todos los crímenes cometidos entre los años 80 y 90", dijo el abogado Carlos Rivera.

Muchos de los más sonados casos de violaciones a los derechos humanos en Perú fueron cometidos entre la década del 80 y 90, durante el apogeo de la guerra interna entre los grupos rebeldes y las fuerzas armadas, y muchos militares afrontan procesos penales por su participación en matanzas de poblaciones campesinas.

"Acá hay beneficiados concretos de estas normas que han sido dictadas el día de ayer. Como consecuencia de estas normas va a haber un número importante de casos que van a ser cerrados", afirmó la abogada Gloria Cano.

Mencionó el caso de la matanza del penal de El Frontón, y la matanza de Cayara, ambas ocurridas durante el primer gobierno de Alan García, y la matanza en el penal de Miguel Castro Castro, y el asesinato y descuartizamiento de la agente de inteligencia Mariella Barreto, ocurridos durante el gobierno de Fujimori.

El ministro de Justicia Víctor García Toma aclaró que las normas promulgadas serán remitidas al Congreso para su revisión y debate.

"El propio sistema democrático permite procesar estas diferencias de opinión y eventualmente si fuera cierta la tesis de que estas normas presentan deficiencias, existen mecanismos para corregirlas", manifestó García Toma en declaraciones a la AP.

Los abogados de derechos humanos advirtieron que uno de los más grandes beneficiados con los decretos dados sería Fujimori, quien ha iniciado una estrategia legal y judicial para obtener su libertad.

Rivera explicó que con el decreto 1097 el delito por el que se condenó a Fujimori quedará "descalificado" cuando llegue el momento en que el Tribunal Constitucional tenga que pronunciarse sobre su caso.
"Es decir Fujimori, al momento que llega su hábeas corpus al Tribunal Constitucional, va llegar en las mejores condiciones tanto políticas como jurídicas... ya va a haber argumentos normativos que digan que esos crímenes no podían ser calificados como crímenes de lesa humanidad", señaló.