La iniciativa para cambiar el artículo 140 la Constitución peruana -que ya recoge la pena capital para casos de traición a la patria- surge después de que Keiko Fujimori, líder del grupo e hija del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), propusiera la pena de muerte para endurecer las penas contra la delincuencia tras los últimos sucesos que han estremecido a la opinión pública del país.
Entre éstos, destacan el caso de Romina, una niña de tres años que quedó cuadripléjica al ser baleada por asaltantes el pasado domingo en Lima, o los asesinatos de un fiscal que investigaba el narcotráfico y de un alcalde en el interior de Perú.
Según la propuesta, la pena de muerte debería ampliarse a aquellos supuestos en que exista "violación de menor de 10 años seguida de muerte, y robo agravado seguido de muerte o con lesiones graves a la integridad física de la víctima".
El texto presentado por la bancada fujimorista también pretende modificar el Código Penal para establecer penas de entre diez y veinte años y eliminar los beneficios penitenciarios para los robos o hurtos agravados, así como la cadena perpetua cuando el agente sea integrante de una banda u organización delictiva.
En declaraciones a Canal N, el congresista fujimorista Ronaldo Sousa explicó que el aumento de la delincuencia en Perú, donde se registraron 164.000 delitos en 2009, requiere de soluciones legislativas consecuentes con la "presión" ejercida por la opinión pública.
Sousa consideró que la ampliación de la pena de muerte en Perú no contradice la legislación internacional suscrita por el país como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica, aunque estos textos prohíben expresamente la pena capital.
La iniciativa fujimorista se concreta el mismo día en que el parlamentario Isaac Mekler, de la bancada derechista de Solidaridad Nacional (partido que preside el segundo candidato más popular para las presidenciales, el actual alcalde de Lima, Luis Castañeda), anunció un proyecto de ley similar.
Según Mekler, habría que instaurar la pena de muerte para los "delitos graves que causen la muerte de un menor de edad o de una persona adulta mayor", aunque desde el Gobierno central se cree que estas medidas no son viables en la actualidad.