Los jueces inician su comunicado afirmando su respeto institucional al Poder Ejecutivo y Legislativo, pero dicen que quieren dar a conocer su denuncia a la sociedad española “en relación al Anteproyecto de LOPJ del Consejo de Ministros 4 de abril de 2014, habiendo remitido sendos informes al Consejo General del Poder Judicial”.
Aleja al ciudadano
La reorganización del sistema judicial en España con la demarcación judicial provincial y la supresión de los partidos judiciales aleja a los ciudadanos de la justicia”, afirman las cuatro asociaciones que añaden: “Incrementa el número de aforados, en lugar de proceder a la eliminación de muchos de ellos, como sucede en la gran mayoría de países europeos”.
No utilizar el aforamiento del rey
Sobre este último tema indican: “Cualquier modificación legal que se pretenda realizar para que se acuerde un aforamiento a favor del rey tras su abdicación no puede ser utilizada para legitimar y acelerar una reforma claramente perjudicial en su conjunto para la independencia judicial”.
Más retraso en juzgar la corrupción
“Como dice el informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo dificultará la actuación de la jurisdicción criminal y no favorecerá la persecución de los delitos de corrupción, dando una respuesta penal todavía más tardía que en la actualidad”, continúan.
Quieren un poder judicial silencioso
Añaden los jueces: “La limitación de la libertad de expresión de los jueces y de las Asociaciones Judiciales resulta gratuita, innecesaria y sin justificación razonable. Refleja el deseo del legislador de un Poder Judicial silencioso y acrítico, públicamente inexistente y alejado de la ciudadanía”.
Sistema presidencialista
“Se procede a la supresión absoluta de la democracia interna y de la participación de los jueces en la elección de sus órganos de gobierno –explican- con la configuración de un sistema presidencialista, jerarquizado y controlado por el Consejo General del Poder Judicial”.
Los jueces controlados por el Gobierno
Para estas asociaciones “la jurisprudencia vinculante y las directrices de obligado cumplimiento terminarán definitivamente con la independencia judicial, sometiéndola a los otros poderes del Estado y puede transmitirse a la sociedad la idea de que los jueces resuelven los casos bajo el dictado y la autoridad del CGPJ y en último término del Gobierno que incide en el nombramiento de la mayoría de los vocales de aquel órgano”.
Fuente: elplural.com - AURORA MOYA | 09/06/2014
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