Reiteran pedido de baja deshonrosa para ex jefe de Policía paraguayo

Duarte Vera, de más de 80 años, fue favorecido el 25 de febrero de 2009 con la reducción a la mitad de una condena de ocho años de prisión impuesta en su contra en 2004 por violación de los derechos humanos, pero sigue privado de la libertad en el Hospital Militar por otra condena.

En la nota dirigida por Almada a Lugo en su carácter de comandante en jefe y cuya copia fue entregada a Efe, se denuncia que el estatuto del personal militar prevé la baja deshonrosa y la privación de otros beneficios en casos de condenas por más de tres años de cárcel.

Almada, miembro de la Asociación Americana de Juristas y Premio Nobel Alternativo de la Paz en 2002, pidió, además, que el ex jefe policial sea enviado a la cárcel de Tacumbú, la principal de Asunción, y que se investiguen los orígenes de sus bienes.

El activista, quien hizo la misma solicitud al mandatario en marzo del año pasado, recordó que un tribunal de apelación modificó la sentencia dictada el 23 de agosto de 2004 contra Duarte Vera por las torturas a las que fue sometido en su lugar de reclusión el militante comunista Mario Halley Barrios.

El nuevo dictamen calificó ese hecho como de "lesión corporal y abuso de autoridad", pero también destacó que "no se demostró que el condenado haya participado directamente en las sesiones de tortura".
"La condena a ocho años de Duarte Vera fue dictada por grave violación de los derechos humanos", añade la nota, al recordar que el jefe de Policía del dictador Alfredo Stroessner entre 1956 y 1966 "tiene otra condena en firme por los mismos delitos".

La carta añade que durante la actuación de Duarte Vera "se produjeron las represiones más salvajes (...), la aplicación sistemática de nuevos métodos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas".

El ex jefe policial también fue embajador en Bolivia, en 1979.

La Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, que se encargó de investigar los abusos contra los derechos humanos durante el régimen de Stroessner, indicó en su conclusión divulgada el 28 de agosto de 2008 que al menos 59 personas fueron ejecutadas y otras 336 desaparecieron en Paraguay durante ese período.

Además, detalló que el número de perseguidos, registrados mediante 2.059 testimonios de supervivientes y familiares de desaparecidos, asciende a 128.076.