El exmandatario acudió la semana pasada al inicio del proceso desaliñado y en un aparente mal estado de salud, lo que obligó a que la sesión se suspendiera debido a una crisis de hipertensión.
Fujimori, de 75 años, es procesado por supuesta malversación de fondos públicos en una sala de la prisión policial en la que cumple una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y otras por corrupción.
Minutos antes de que se iniciara la anterior audiencia, Fujimori se colocó un tensiómetro que llevó a la sala en un neceser para medirse la presión arterial, y su abogado pidió a las magistradas que fuera revisado por un médico penitenciario.
Posteriormente, el tribunal suspendió el juicio hasta este 28 de octubre.
Desde entonces la salud del exgobernante se ha convertido en debate público ya que sus seguidores afirman que muestra el mal estado en que se encuentra, mientras que sus detractores han denunciado que se trata de un show mediático.
Fujimori ha pedido cumplir su sentencia de 25 años en arresto domiciliario ya que, según su abogado, se trata de “un indefenso anciano”.
Pero tanto el fiscal como el ministerio de Justicia consideraron que debe permanecer en prisión porque ese beneficio penitenciario solo procede cuando se trata de una detención preventiva.
No obstante, y a pesar de la protesta de los familiares de las víctimas de las masacres por las que fue sentenciado, el juez que ve esa solicitud ha convocado una nueva audiencia para el próximo martes, en la que comunicará la decisión que tomará sobre el caso.
Los médicos de Fujimori han negado que el aspecto demacrado que ha presentado en los últimos días haya sido premeditado para inspirar compasión, y su defensa asegura que tiene numerosos problemas de salud.
Fujimori fue ingresado el pasado fin de semana en una clínica de Lima, lo que tampoco estuvo exento de polémica pues medios locales divulgaron un vídeo en el que se le ve discutiendo a viva voz con una enfermera a la que exigía que permitiera a todos los congresistas de su partido ingresar a visitarlo.
Fujimori cumple su sentencia en un cuartel policial al este de Lima por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado de 25 personas por los casos Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).
También por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, tras el “autogolpe” de Estado que dio en abril de 1992.
En junio pasado, el mandatario peruano, Ollanta Humala, denegó la solicitud de indulto humanitario a Fujimori tras tomar en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Gracias Presidenciales que evaluó el caso y señaló que no presentaba una enfermedad terminal ni transtornos mentales graves.
En el caso del pago ilegal a diarios sensacionalistas, su defensa ha recusado a las magistradas Aissa Mendoza, Carolina Lizárraga y Avigail Colquicocha, un tema que deberá ser tramitado por otra sala, de forma paralela a este proceso.
La Fiscalía peruana ha pedido ocho años de prisión y el pago de más de 700.000 euros de reparación civil por el desvío de 31 millones de euros del presupuesto de las Fuerzas Armadas al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), manejado entonces por su asesor Vladimiro Montesinos.
Con esos fondos, Montesinos pagó miles de dólares a los dueños de varios diarios sensacionalistas para atacar a los rivales políticos de Fujimori durante la campaña electoral del 2000.
La justicia peruana ya condenó en 2005 a 29 personas por este caso de los denominados “diarios chicha”, entre las cuales estuvo Montesinos, que recibió una sentencia a 8 años de prisión, y los exgenerales Elesván Bello y José Villanueva, por los delitos de peculado (mal uso de fondos públicos) y asociación ilícita para delinquir
.jpg "Un Fujimori de aspecto desaliñado y muy desmejorado acudió al tribunal.")
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