La gran mayoría de la docena de expertos a los que el Gobierno ha encargado un informe para concretar la próxima reforma de la Seguridad Social apuestan por acabar con la actualización de las pensiones vinculada al índice de precios al consumo (IPC). Para sustituirla, propugnan una fórmula que las actualice de forma automática cada año atendiendo a la salud de las cuentas del sistema. Ahora bien, plantean límites: si del resultado de la ecuación se desprenden bajadas importantes, éstas nunca podrán ser de tal calibre que las pensiones dejen de “ser suficientes”; si lo que resulta son incrementos sustanciales, ponen un tope: el IPC. Traducción: en el mejor de los casos, los pensionistas solo pueden aspirar a conservar su poder adquisitivo; y la mayoría de veces, sobre todo en una crisis como la actual, con el paro en el 27%, lo perderán.
Hoy, en la que será su última reunión, los expertos van a estudiar el informe “provisional”, al que ha tenido acceso EL PAÍS, elaborado por el presidente del grupo, Víctor Pérez Díaz. Puede que haya alguna modificación y se incorpore algún contenido más. El informe definitivo, sea el que sea, se remitirá al Congreso y a los agentes sociales, para que el Gobierno negocie con ellos la reforma definitiva que tiene que estar lista a finales de septiembre.
En el texto, de 29 páginas, se propone una definición del factor de sostenibilidad, el objetivo exclusivo de esta reforma exigida por Bruselas, y se pide su entrada en vigor ya en 2014, aunque deja abierta la opción de aplicarlo en 2019. Este factor, según la mayoría del comité, consistirá en un doble mecanismo que, por un lado, actualizará cada año la pensión de los ya jubilados atendiendo a los ingresos y los gastos de la Seguridad Social, y, por otro, ajustará las prestaciones de quienes tienen que jubilarse tras la reforma según la esperanza de vida. Todo esto con una pretensión: contener el gasto para hacer “sostenible” el sistema. El comité no propone cambios en la edad legal de jubilación, que sigue su retraso hasta los 67 años en 2027.
Una de las novedades de esta reforma —“¿Por qué no se hizo antes?”, se lamenta el informe— es que no solo afecta a los pensionistas futuros, sino que también lo hará a los actuales. Y lo hará al modificar la actualización anual.
En este punto, la fórmula propuesta, que se asienta sobre los ingresos y los gastos del sistema, se traduce en momentos como el actual en bajadas de pensiones. Y esto, atendiendo a las perspectivas económicas y los peores pronósticos sobre el mercado laboral (el factor determinante en las cuentas de la Seguridad Social), no tiene visos de mejorar a en el medio plazo. Para evitarlo, el propio comité propone que esto no pueda suceder si afecta a los jubilados actuales o a los más próximos al retiro y pide que cuando la ecuación resulte negativa, al menos, se asegure la cuantía nominal de la pensión. Lo que no contempla es mantener el poder adquisitivo. Puede deducirse, así, que en los próximos años la apuesta es por una devaluación de pensiones, como admite el informe para 2020.
Este consejo se complementa con otro, el de poner un límite a las subidas cuando de la ecuación de actualización anual resulte una subida importante y fija el tope en el IPC. “Los ahorros destinados de no subir las pensiones por encima del IPC se destinarían a un Fondo de Reserva del que [...] podrían detraerse fondos en los momentos recesivos y procurar que la disminución resultante de aplicar la fórmula fuera menor o, incluso, no existiera”.
Desde comienzos de los 90, las pensiones han tenido garantizado el poder adquisitivo. Esto se llevó a la norma con un Gobierno de José María Aznar en 1997. Desde entonces, casi siempre las pensiones han subido tanto como los precios (incluso en los primeros años de Zapatero las mínimas subieron muy por encima del resto). Solo esto ha provocado un aumento anual medio del gasto para el sistema de unos 2.000 millones (más que el hecho de que los nuevos jubilados tienen derecho a prestaciones más altas que los que fallecen). La norma se quebró en beneficio de los pensionistas en dos ocasiones con Aznar y con Zapatero en 2009. Con la crisis, la norma se quebró en 2011 y 2012, y dejó la ley en papel mojado.
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