La demanda está basada en el caso de un ecuatoriano residente en España que firmó una hipoteca en 2005 para comprarse una vivienda pero que tres años después dejó de pagarla al quedarse sin trabajo, por lo que la entidad financiera inició el proceso de ejecución hipotecaria. Rivadeneira denuncia que en España la ley de enjuiciamiento civil no permite al perjudicado exponer las razones de impago de la hipoteca ante un juez, con lo que estima que se trata de una vulneración del derecho a una justicia justa.
Por eso, pide que se reforme el sistema hipotecario porque vemos que "no se ha dado el paso de considerar a la vivienda como un derecho, sino como una mercancía". Eso sí, hace hincapié en que no se trata de una demanda contra España, sino que se trata de “una posibilidad de abrir un espacio de discusión, de reflexión y de acuerdos”