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Jueces y fiscales de toda España piden la dimisión de Gallardón

Jueces y fiscales de toda España piden la dimisión de Gallardón

Las protestas se han producido ante las sedes judiciales, salvo en Madrid que se ha protestado frente a las puertas del Ministerio de Justicia.

miércoles 22 de octubre de 2014, 11:21h

La huelga de jueces y fiscales es una posibilidad cada vez más cercana. Han exigido a Gallardón que reconsidere la subida de tasas judiciales. Gallardón defiende las tasas porque "la Justicia no puede seguir como está".

Jueces y fiscales de ciudades de toda España se han manifestado este viernes contra las nuevas tasas judiciales y contra la reforma de la Justicia planteada por el ministro Alberto Ruiz Gallardón, cuya dimisión han pedido frente a la sede del Ministerio, en Madrid, al tiempo que han declarado que estudian hacer huelga.
La huelga de jueces y fiscales es una posibilidad cada vez más cercana, según han señalado los portavoces judiciales, quienes han informado a los periodistas de que este viernes harán una valoración de las convocatorias de la jornada como primer elemento para valorar la huelga.

Los portavoces han añadido que a comienzos de la semana que viene estudiarán si convocan una huelga, de un día o de una semana, que podría tener lugar entre el 10 al 14 de diciembre.

A comienzos de la semana que viene estudiarán si convocan una huelga En Madrid, frente al Ministerio de Justicia, cientos de jueces y fiscales han acudido a la convocatoria de todas las asociaciones que integran a estos profesionales y, al grito de "Gallardón dimisión" y "Qué pasa con las tasas", han cortado la calle de San Bernardo, donde está la sede de este departamento del Gobierno, durante unos 20 minutos.

En esa calle, frente al Ministerio, podían verse pancartas con lemas como "Si no tienes dinero, no tienes derechos" o "RIP Justicia" y entre los manifestantes se reconocía a magistrados destacados como el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, o a la vicepresidenta del Consejo de la Abogacía, Victoria Ortega.

Mientras, en capitales de toda España se han sucedido también las concentraciones de jueces y fiscales, a las que han acudido así mismo abogados, y en todas ellas se ha leído un comunicado avalado por la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales, que integra a todas las asociaciones de estos funcionarios.

El portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, José Luis Armengol, acompañado de los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (Javier Ballesteros), Foro Judicial Independiente (Ángel Dolado) y Jueces para la Democracia (Joaquim Bosch), ha sido el encargado de leer el manifiesto en Madrid.

La nueva ley eleva la carga de trabajo de los titulares de juzgados La Comisión señala en el manifiesto su preocupación por la situación actual y reclama "la retirada inmediata del Proyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que perjudica la calidad de la Justicia" y no se justifica por la crisis.

Además, reclama que se mantengan la estructura y competencias del Consejo General del Poder Judicial y se potencie al Consejo Fiscal, y muestra "rechazo" a cualquier modificación que busque minar la independencia del órgano de gobierno de los jueces, para el cual reclama autonomía presupuestaria, al igual que hace para la Fiscalía del Estado.

Pide también la convocatoria de al menos 250 plazas de jueces y fiscales al año, dada "la sobrecarga desmedida de los órganos judiciales y fiscalías". En este sentido, reclama la determinación definitiva de la carga de trabajo máxima adecuada para los órganos jurisdiccionales y fiscalías.

También pide una apuesta seria por la eficacia con una nueva demarcación judicial concentrada en grandes ciudades y modernizada y, en consonancia con ello, inversiones para paliar lo que califica como "abandono" y "lamentable situación" de juzgados y fiscalías. Además, pide un Estatuto Judicial y Fiscal con adecuadas retribuciones.

En cuanto a las tasas, todas las asociaciones están de acuerdo en aceptar unas tasas "moderadas" que "no limiten el acceso a la Justicia, circunstancia que no se contempla en la actual Ley, que las establece claramente desproporcionadas".

"Los graves problemas estructurales de la Administración de Justicia requieren una reforma de calado y no parches", ha señalado Armengol, quien ha destacado la unanimidad entre los jueces y el apoyo de los abogados.

"Es la primera vez en que todas las asociaciones hemos hecho un frente común", ha añadido Armengol, quien ha recordado que "el tema de la huelga está encima de la mesa", un punto en el que ha coincidido el portavoz de Jueces por la Democracia.

Mientras que desde la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, Javier Mariano Ballesteros, ha señalado que desean negociar con el ministro Gallardón, Bosch ha apuntado que todos prefieren negociar, "pero desde el momento en que no se está abriendo esta vía por el Ministerio, seguirán con su hoja de ruta.

En cuanto a las concentraciones registradas en diferentes comunidades autónomas, los jueces navarros han demandado en Pamplona "una justicia independiente y de calidad", mientras que en Cáceres jueces, magistrados y fiscales, a las puertas del Palacio de Justicia, han defendido el servicio público contra las tasas.

Los juzgados y palacios de justicia de ciudades como Valencia, León o Palma de Mallorca, entre muchos otros, han contemplado las concentraciones de protesta de los profesionales de la Justicia. En todas las convocatorias se ha manejado la posibilidad de que la siguiente movilización pueda ser una huelga de jueces y fiscales.

Gallardón sale en defensa de su Ley de Tasas

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha mostrado su respeto hacia quienes "quieren mantener el antiguo régimen" de tasas judiciales pero ha afirmado que el Gobierno "no está dispuesto a mantener esa actitud conservadora" porque "el sistema de la Justicia en España no puede continuar como está".

Es más, ha dicho que son "el primer paso" de un "cambio absoluto" en la Justicia. En este sentido, ha dicho que la ley de tasas es el "primer paso dentro del cambio absoluto" que el Ejecutivo impulsará para que la Justicia resuelva los conflictos "en tiempo, con seguridad y con todas las garantías legales".

En esta línea, ha sostenido que el Gobierno garantizará el acceso a  la Justicia gratuita a quienes carezcan de recursos económicos para litigar y al mismo tiempo facilitará que los jueces y magistrados "resuelvan aquellos conflictos que de verdad deben ser resueltos y no queden paralizados en los tribunales".

 

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