Ministro de Justicia de Perú no se opone a que se derogue la polémica ley

"Si eso se produce no voy a botar una sola lágrima por este hecho, tampoco me voy a colocar un traje negro ni participaré en las exequias", respondió el ministro al Canal N de la televisión local.

El decreto 1097 señala que los crímenes contra los derechos humanos deberán ser archivados si en un periodo de 36 meses, desde que se abre instrucción, no se dicta sentencia, y que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad "surte efectos y rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003", cuando el país se adhirió a ese convenio.

El grueso de juicios que las fuerzas armadas y militares afrontan actualmente por casos de abusos a los derechos humanos son por hechos cometidos entre 1980 y 2000, cuando el Estado peruano afrontó el combate contra el terrorismo.

García Toma confirmó al Canal N que estuvo en contra de los planteamientos iniciales que hizo el ministro peruano de Defensa, Rafael Rey, cuando se elaboraban los términos del decreto.

Indicó que entre esas propuestas estaba la prescripción de los delitos de lesa humanidad y la aplicación inmediata del sobreseimiento de los procesos por estos delitos.

Admitió que aceptar esos términos en la ley "podía llevar a la impunidad".

También consideró que es Rey quien debe explicar por qué antes de emitir el decreto 1097 consultó con César Nakasaki, el abogado del ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos.
"No nos consta que esa asesoría (de Nakasaki) se haya efectuado, en todo caso ese tema tiene que ser aclarado por el ministro (Rey)", remarcó.

Rey admitió hoy que consultó a Nakasaki y también a Sergio Tapia, abogado del vicepresidente de la República, Luis Giampietri, involucrado en la matanza de presos del penal El Frontón, cometida durante el primer Gobierno de Alan García (1985-1990) por efectivos de la Marina de Guerra.

La polémica se acrecentó esta semana en el país, después de que una veintena de miembros del grupo militar encubierto Colina, creado por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos durante el régimen de Fujimori (1990-2000), pidieron acogerse a este decreto.

Además de haber sido rechazado por políticos, juristas e incluso la Iglesia católica, el decreto también ha sido criticado por el relator especial de la ONU para la protección de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, quien expresó que puede crear "un clima de impunidad".

También ha generado pronunciamientos en contra de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Right Watch, y de 23 organizaciones de defensa de los derechos humanos de América Latina.

El opositor Partido Nacionalista Peruano (PNP) presentó ayer una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto y hoy su líder, el ex comandante Ollanta Humala, lo calificó de "amnistía solapada".