Esta resolución, que abría la vía para una eventual declaración unilateral de independencia por parte de la región española, fue apoyada por los partidos independentistas catalanes Junts pel Sí (Juntos por el sí) -una coalición de heterogéneas formaciones políticas- y el partido de izquierda radical CUP, mientras que el resto de grupos de la Cámara lo rechazaron.
Además de suspender la citada resolución, el TC pide a la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, y a los demás miembros de la Mesa a que, en el plazo de 20 días, expliquen por qué contravinieron otra resolución del TC anterior que prohibía la puesta en marcha de cualquier trámite parlamentario que abriera la vía independentista.
De este modo, el alto tribunal inicia por primera vez el trámite para tomar medidas coercitivas contra alguien que incumple sus resoluciones y que incluyen desde la multa, a la suspensión de las funciones o la vía penal.
El pleno del TC también advierte al presidente catalán, Carles Puigdemont, y a los miembros del gobierno catalán, de similares consecuencias si no cumplen las resoluciones del Tribunal Constitucional.
Cataluña, con 7,5 millones de habitantes, es una de las llamadas "regiones históricas" españolas (junto con País Vasco, y Galicia), lo que les otorga un alto nivel de autogobierno, aunque en el último año un grupo de partidos catalanes impulsan una iniciativa soberanista