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100.000 chilenos piden acabar con el sistema educativo de Pinochet

miércoles 22 de octubre de 2014, 11:21h
100.000 chilenos piden acabar con el sistema educativo de Pinochet

En todo el país se han manifestado estudiantes, profesores y trabajadores para que el Gobierno mejore la educación pública que actualmente es la más cara del mundo y que sigue vigente desde los años de la dictadura.

Más de 100.000 personas se han manifestado este martes en varias ciudades chilenas, incluyendo Santiago, en una nueva jornada de paro convocada por estudiantes que demandan desde hace casi tres meses una mejor educación pública. Por la noche, los vecinos de varios ayuntamientos de la capital chilena hicieron resonar "los cacerolazos", en apoyo de las demandas de los estudiantes.

70.000 personas, según la policía, y 150.000, según los organizadores, marcharon por las calles de la capital un día antes de que venza el plazo que los estudiantes universitarios y secundarios dieron al Gobierno para que acepte sus demandas.
Aunque la jornada comenzó con disturbios en varios puntos de la capital, la marcha de los estudiantes, acompañados de padres y profesores, transcurrió de manera pacífica hasta casi el final del recorrido, que había sido consensuado previamente con las autoridades.

En el centro de Santiago, a pocas manzanas de la sede del Ejecutivo, un grupo aislado de manifestantes apedreó un edificio de viviendas, prendieron barricadas, destrozaron dos vehículos particulares y arrancaron semáforos, entre otros desmanes.
La protesta fue organizada por estudiantes universitarios y secundarios y por el Colegio de profesores, con el apoyo de los trabajadores del cobre y otros actores sociales. Con estas movilizaciones, las federaciones estudiantiles buscan presionar al Gobierno para perfeccionar algunos puntos de un plan de 21 medidas que presentó la semana pasada para mejorar la educación. El pasado jueves se envió a los estudiantes un documento llamado “Políticas y propuestas de acción para el desarrollo de la educación chilena”. Los 21 puntos del programa han sido analizados por los grupos estudiantiles, y, aseguran, no se está ofreciendo ninguna reforma concreta.
Las reivindicaciones de los manifestantes apuntan a la necesidad de una reforma del sistema educativo vigente, que sigue siendo el que fue impuesto por la dictadura de Pinochet. El aporte fiscal a la educación se limita a un 2.4% del PIB (en España es el 4.9%, la media UE es del 7%, cantidad recomendada por la UNESCO a nivel mundial), lo que fomentó la creación de centros universitarios privados y el traspaso de la administración de los colegios a los municipios.

La presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile, Camila Vallejo afirmó en rueda de prensa que si el Gobierno no es capaz nuevamente de dar una respuesta le van a "tener que exigir otra vía de solución ya no institucional". "Convocar seguramente a un plebiscito para que sea la ciudadanía en su conjunto que decida cuál tiene que ser el futuro de la educación en nuestro país", sentenció la joven, que agregó que en regiones se reunieron otros 40 mil personas.

Protesta "dañina", según las autoridades

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, emplazó a los líderes del movimiento estudiantil a reflexionar sobre lo "dañinas" que están siendo las marchas y no descartó en el futuro la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado ante otras protestas.

Por otro lado, en Valparaíso las marchas estudiantiles congregaron a más de 10 mil jóvenes en demanda de educación de calidad y gratuita.

En los alrededores del Congreso se registraron graves incidentes tras la manifestación, que concluyó con 110 personas detenidas según un informe oficial. La jornada no estuvo ajena a la polémica debido a la presunta participación de un carabinero infiltrado en los hechos de violencia en ese lugar. Ante esta situación, el presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, solicitó una investigación y el traslado del teniente coronel Hernán Silva, a cargo de la seguridad del Parlamento hasta que el alto mando explique lo sucedido.
Según dato oficiales, se registraron al menos 300 detenidos a nivel nacional, 39 heridos y "varios millones de pesos" en pérdida en la propiedad pública y privada.

 

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